César Pérez 
Como la generalidad de los poderes de vocación absolutista, este Gobierno de Danilo y del PLD está terminando de manea trágicamente agónica y batiéndose en desordenada retirada, al tiempo de hundirnos más profundamente en el bochorno nacional e internacional en que ha sumergido este país en los últimos años. El colapso de ese partido, pilar fundamental en que se ha sostenido el poder peledeísta, se ha conjugado con la bochornosa anulación de unas elecciones municipales en desarrollo, precipitando la quiebra total de los endebles sistemas judicial y electoral, que ya arrastraban un significativo proceso de debilitamiento. Esa circunstancia, ha determinado que el peledanilismo tenga que admitir que esas dos instituciones carecen de legitimidad para cumplir a cabalidad sus funciones en la presente crisis política.
Solo asistida por organismos y/o personalidades nacionales e internacionales puede la Junta Central Electoral continuar un proceso electoral que el Gobierno y su partido han hecho abortar a través del uso abusivo de los recursos del Estado, del desprecio a la ley y a la equidad en que debe discurrir todo proceso electoral. Esas acciones fueron el preludio del bochorno del 16 de febrero, el cual en otro país debería ser investigado, no por el sistema electoral, en este caso la JCE, sino por la Justicia. Pero el cuestionamiento a esta última institución no solamente ha sido sistemático y generalizado por casi todas las instituciones y singulares individuos de esta sociedad con sentido de la decencia, sino por los propios fiscales con que esta se administra.
Cuando un régimen pierde la capacidad de controlar/administrar el sistema electoral a través del cual se legitima la alternancia del poder, cuando se produce una rebeldía y denuncia pública de los funcionarios fundamentales del sistema de justicia contra la estructura de mando de esa institución, está clarísimo que ese régimen está ante su inapelable final. Pero no son solo esas instituciones las que ha hecho colapsar este Gobierno de la impunidad y la corrupción, sino también instituciones sociales claves como la educación, las del orden (policía y ejército) e incluso la familiar. Eso significa que el régimen que suceda a este que agoniza encontrará una sociedad institucionalmente devastada.
Ese tipo de circunstancia lleva a algunos analistas de sistemas políticos a plantear que un final de régimen constituye una oportunidad para un cambio que regenere y crea nuevas oportunidades para la gente, pero que ese cambio también tiene una amenaza: no poder cumplir cabalmente con las expectativas que genera en la gente, removiendo sedimentos del pasado haciendo resurgir la nostalgia del pasado. En nuestro caso, además de esa amenaza se suma la que podría surgir de la inevitable presencia de diversos organismos nacionales e internacionales y de poderes fácticos que de diversas maneras inciden en esta crisis, buscando la solución de esta y que podrían pretender cierta incidencia/beligerancia en el eventual gobierno que suceda al actual.
Por otro lado, las circunstancias han producido/obligado a que haga una convergencia de fuerzas políticas extremadamente complicada, que provoca comprensibles aprehensiones en diversos sectores dentro y fuera de las organizaciones políticas de mayor peso y solvencia de esa convergencia. Pero, Coalición Democrática por el Cambio podría limitar esas aprehensiones y amenazas si se mantiene apegada a principios innegociables de su programa: un Gobierno para la gente, centrado en el territorio, con Justicia independiente, contra la impunidad,sin ningún tipo de exclusión, laico y para la libertad.
