La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), conoce ahora audiencia temática contra la República Dominicana, por los actos de corrupción e impunidad en la última década, cometido por funcionarios de los gobiernos del PLD y empresarios privados.

La audiencia temática lleva como título “ Derechos Humanos y Denuncias de Impunidad y Corrupción en República Dominicana « y fue presentada contra las autoridades dominicana, como resultado de todos los actos de corrupción cometidos en los distintos gobiernos y que a pesar de los reclamos de la ciudadanía, los mismos no han sido investigado con la debida diligencia y no existen decisiones judiciales que sancionen el crimen de corrupción, lavado de dinero, etc., explica una nota de prensa enviada a este medio.

La misma fue solicitada el pasado 30 de mayo, por la Fundación Derechos Vigentes, Ciudadanos contra la Corrupción (C3), Red Nacional de Organizaciones Populares, Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos, Red de Encuentro Dominico Haitiana, Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Comité Dominico Haitiano, Comité Dominicano de los Derechos Humanos de Puerto Rico, la Asociación para la Promoción de la Vida, el Centro para la Educación y el Desarrollo, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fundación Loma y Salud, Diversidad Dominicana y el colectivo de participación política La Patada, organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos con gran competencia en la materia.

Una comisión integrada por el Genaro Rincón Mieses, Reemberto Pichardo Juan, BartoloméYaque Pujals Suarez, Roberto Antuan José, . Ángel Darío García, Eufalia Santos, Héctor Julio Percival Castillo, Gregoria Corporan Rodríguez, señora Rosanna Marzán, Juan Alberto Francisco Vargas, se presentaran a la ciudad de México ante la CIDH, para plantear con «datos claros y precisos», como se configuran los actos de corrupción desde el gobierno, como actúa el Ministerio Publico y la Justicia frente a los casos de corrupción, como afecta la corrupción los derechos económicos y sociales de los ciudadanos y ciudadanas en República Dominicana y que deberá hacer el gobierno para evitar que esta práctica histórica y estructurada continúe afectando los derechos fundamentales de los ciudadanos/as.

Para los representantes y solicitantes, esta acción es un paso más junto a los esfuerzos realizados por amplios sectores de la sociedad dominicana para erradicar el flagelo de la corrupción y la impunidad en tanto características fundamentales del sistema político dominicano, y evitar así el silencio de los funcionarios públicos frente al llamado de la ciudadanía de combatir con eficacia los actos de corrupción y evitar la impunidad que desde el Ministerio Publico y la justicia dominicana, campea.

Esto ayudara al pueblo dominicano a las acciones de reclamo de sus derechos, específicamente, los Derechos Económicos y Sociales que tanto afecta la corrupción y servirá para fortalecer su empoderamiento.

Esta audiencia temática,es un espacio de discusión entre la sociedad civil y el gobierno ante un árbitro con la competencia en esta materia en virtud de lo estatuido en el pacto de San José suscrito por el Estado dominicano.

Los representantes de los peticionarios, expresaron que estas diligencias serán interpretadas en bien por la ciudadanía, ya que lo que procuramos con ella es evidenciar la situación que en materia de corrupción e impunidad, atraviesan los ciudadanos en este país ya que el flagelo de la corrupción y la impunidad afecta directamente derechos fundamentales como los derechos económicos y sociales.

¨Se ha elegido este camino, por entender que se han estrechado las posibilidades de que nos escuchen, que se han hecho esfuerzo suficiente y que las autoridades han venidos burlándose de la ciudadanía, ensordeciéndose ante los reclamos populares de que se investigue, someta a los responsables de actos de corrupción y que los recursos productos de esos actos sean confiscado y retornado a las arcas públicas para el bien de todos/as¨ puntualizó . Genaro Rincón.

Por su parte, Bartolomé Pujals estableció que: “no queda duda que la corrupción y la impunidad son características fundamentales del sistema político y lo que reflejan las movilizaciones sociales masivas que se han dado en los últimos meses es el interés de la ciudadanía en que se construya un nuevo orden democrático que desmonte el andamiaje de la impunidad y exprese la construcción del país que queremos y merecemos”.

Los representantes de las organizaciones peticionarias aprovecharon la ocasión para invitar al gobierno a la creación de una mesa junto a los distintos actores de la sociedad civil, para iniciar un dialogo transparente, de cara a buscarle solución a estos males y evitar que la situación continúe agravándose, para sostener la caída precipitada del Estado Democrático de Derechos en la República Dominicana.