El Consejo de Defensa del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) informó que en los procesos judiciales que enfrenta la empresa no existe la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Por ello, restó veracidad a la versión de que la justicia ha puesto fin a la construcción de la terminal aérea.

Reaccionó a un comunicado publicado el lunes por la defensa de la Corporación Aeroportuaria del Este (CAE) y el Grupo Puntacana. Afirmaron que ninguna sentencia afecta el decreto que aprueba el aeropuerto, ni el contrato suscrito con el Estado.

“Nos preocupa profundamente que se desinforme a la opinión pública con declaraciones sobre sentencias que no son definitivas, ya que han sido objeto de los recursos», destacaron.

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Recordaron que el sistema de justicia consta de tres instancias jurisdiccionales y una constitucional, por lo que cualquier sentencia puede ser recurrida ante las cortes superiores. “Solo se puede hablar de una decisión definitiva cuando el caso ha pasado por este proceso».

Indicaron que el caso ha sido objeto de cuatro sentencias emitidas por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, todas bajo la misma composición de jueces.

Además, enfatizaron que dos de estas sentencias (28 de enero y 16 de diciembre de 2022) no incluyeron audiencias para escuchar a las partes, violaron el derecho fundamental establecido en el artículo 69-4 de la Constitución.

Los abogados entre los que está Emmanuel Esquea Guerrero, resaltaron su firme compromiso de defender la legalidad y la transparencia del proyecto. Señalaron que todas las sentencias han sido objeto de recursos que buscan rectificar las violaciones constitucionales.

Calificó de desafortunado que se recurra a la opinión pública para intentar influir en los jueces encargados de dictar sentencia sobre los recursos pendientes de decisión.

El equipo consideró inadmisible que una resolución de un organismo dependiente del Poder Ejecutivo pueda ignorar los derechos adquiridos por el AIB, respaldados por un contrato firmado por el Estado con la autorización del presidente de la República, Luis Abiander.

“Seguimos confiando en la justicia y en la legalidad de nuestras acciones y continuaremos luchando para rectificar cualquier violación de los derechos fundamentales y constitucionales”, concluyó.