Santiago.- La Alcaldía de este municipio y la Procuraduría General de la República, firmaron hoy un acuerdo de colaboración, con el objetivo de que los privados de libertad de los centros de corrección y rehabilitación, Rafey Hombres, Rafey Mujeres y otros centros de la zona Norte, asistan a realizar labores comunitarias.

El convenio fue rubricado por el alcalde Abel Martínez Durán e Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional de la Oficina del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario, en representación del Ministerio Público.

En el acuerdo se pactó desarrollar un esquema de cooperación interinstitucional, creando un programa orientado a la realización de labores sociales en los espacios públicos del municipio de Santiago, mediante las brigadas comunitarias formadas por internos de pre libertad del Medio Libre, procedentes de los centros penitenciarios.

Asimismo, este pacto contribuirá con el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria dominicano a ejecutar labores comunitarias y programas de formación, actividades y otras acciones encaminadas a fortalecer y consolidar a los internos para la realización de labores de ornato, limpieza, muralistas y pintores.

Martínez Durán dijo que el Ayuntamiento está abriendo las puertas, integrándose en el Nuevo Modelo y a la reinserción de seres humanos a la sociedad, que quizás andaban por rumbo diferentes a lo que debe ser la meta, la conducta de cada ser humano.

«Vivir en orden significa que pongamos de nuestra parte, que hagamos con amor lo que la sociedad espera que hagamos y los resultados se van a ver, cientos de voluntarios, porque este convenio es un convenio de buena voluntad estarán integrados en las labores de la Alcaldía, hay talento que cómo ciudad los vamos aprovechar», afirmó.

Por su parte, Paniagua, agradeció al alcalde por aceptar la firma de este convenio con el cual traerán apoyo al alcalde, al Ayuntamiento, apoyo a la comunidad y al pueblo de Santiago, programa importantes como el de las brigadas comunitarias, las cuales están instaladas en muchos lugares del país, trabajando mano a mano con las comunidades y en beneficio de la población.

El pacto firmado tendrá una vigencia de un año contando a la fecha de suscripción del documento y queda establecido que cualquier modificación a los términos y condiciones del mismo, deberá hacerse por escrito entre ambas instituciones.