El Círculo de Abogadas Minerva y la Oficina para el Desarrollo de la Mujer de la Provincia Hermanas Mirabal han manifestado su inquietud frente al proceso de reestructuración del Estado dominicano que contempla la fusión de ministerios y la supresión de algunas direcciones.
Aunque reconocen la necesidad de un Estado más eficiente y la lucha contra la corrupción, advierten sobre el riesgo de que estos cambios afecten negativamente la garantía de derechos, en especial los de las mujeres.
Ambas organizaciones subrayan que las instituciones responsables de combatir la discriminación histórica contra las mujeres son esenciales y su papel no debe verse reducido.
Señalan que el Estado dominicano ha ratificado convenciones internacionales que lo comprometen a defender los derechos humanos, y alertan que cualquier reforma debe respetar estos compromisos.
En particular, hacen un llamado al Congreso a revisar dos proyectos de ley que proponen la creación de un Ministerio de la Familia, fusionando el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Juventud.
Según las abogadas y entidades de género, esta medida podría diluir la función del Ministerio de la Mujer, cuyo mandato es promover la igualdad y equidad de género, y garantizar los derechos de las mujeres.
El Círculo de Abogadas Minerva destaca que el Ministerio de la Mujer no es un órgano de política social, sino un ente político y técnico que aboga por la igualdad, siguiendo directrices de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).
Afirman que un Ministerio de la Familia podría invisibilizar las discriminaciones específicas que sufren las mujeres, especialmente dentro de sus propios hogares, como lo demuestran las cifras alarmantes de violencia de género.
Citan estadísticas que revelan que en 2022, aproximadamente 48,800 mujeres y niñas en todo el mundo murieron a manos de sus parejas o familiares, lo que evidencia la necesidad de reforzar las políticas públicas centradas en la protección de los derechos de las mujeres.
Las organizaciones solicitan que el Estado no retroceda en sus compromisos de igualdad y que se refuerce el Ministerio de la Mujer, asignándole mayores recursos y capacidad para continuar luchando contra las opresiones de género.