En los años 1974-75 las grandes potencias cambiaron su política azucarera tradicional, que era comprar azúcar a sus antiguas colonias y países amigos. Para la época, los EU comenzaron a aplicar su ley azucarera mediante la cual el 50 % del mercado era para los productores internos y el otro 50% para los productores de los países amigos, entre los cuales estaba República Dominicana.

A partir de entonces los estadounidenses variaron esa medida poniéndole recargo a la importación de azúcar y dándoles préstamos y facilidades a sus productores. Los europeos hicieron lo mismo y subsidiaron a sus productores y en menos de una década pasaron de importadores a exportadores de azúcar.

Los efectos de estos cambios se empezaron a sentir durante las zafras de los años 1977/78, en el tercer Gobierno de Balaguer, y el CEA comienza a tener pérdidas que se fueron incrementando hasta su quiebra total en materia de producción de azúcar.

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A la llegada del Partido Revolucionario Dominicano al poder, la empresa tenía pérdidas acumuladas de los dos años anteriores, por más de RD$70 millones y excesos de caña, principalmente de nuevos colonos, debido a que con el auge de los precios los directores de esos años aumentaron el área de caña en forma indiscriminada en más de un millón de tareas, formando colonos al vapor, principalmente entre altos mandos militares y funcionarios reformistas. Esas colonias (Sabana de Guabatico, por ejemplo) se convirtieron en una carga para la industria, que además de que no producían beneficios, por las condiciones políticas de sus dueños, el CEA daba “avance a futuros beneficios”, lo que provocó que la empresa acumulara cientos de millones de pesos en pérdidas.

A la carencia de administraciones eficientes, la falta de planificación y control administrativo y financiero, a la crisis del CEA debe agregarse los subsidios y otras medidas gubernamentales mediante los cuales el consorcio dejó de recibir RD$1,575 millones por varias razones, como aportes al Inespre, recargo cambiario, impuestos a los azúcares y melazas, además de privilegiadas facilidades a ganaderos y alcoholeros en las ventas de melaza a precios por debajo del mercado. A todas estas situaciones que han dado al traste con la industria azucarera estatal, hay que añadir las transferencias de activos del emporio para destinos diferentes, operaciones que representaron unos RD$2,600 millones.

Dentro de estas disposiciones lesivas a la economía del CEA están el traspaso de más de un millón de tareas al Instituto Agrario, para apoyar los programas de reforma agraria. La mayor parte de estos terrenos han terminado en manos privadas. Especial atención merecen las tierras de Cumayasa, en La Romana, donde el consorcio entregó alrededor de 50 mil tareas, áreas que han ido a parar a manos de militares e inversionistas del sector turístico, cuyas negociaciones y titulaciones fueron asociadas con irregularidades.

Al Ayuntamiento del Distrito Nacional (antes de la división territorial) se entregaron 1.8 millones de metros cuadrados para los cementerios Cristo Redentor y Cristo Salvador, y a Bienes Nacionales transfirieron 4 millones de metros para supuestos planes de viviendas y repartos de solares con fines politiqueros, incluyendo la legendaria colonia Hainamosa, en la región Este.

Hasta la construcción del hospital Plaza de la Salud afectó el patrimonio del CEA, que entregaron al Ayuntamiento del DN tres millones de metros, a cambio de los terrenos que ocupaba el hipódromo Perla Antillana. Calculado a 400 pesos el mt2 esto representó un total de RD$1,200 millones. Aunque parezca extraño, hasta la autopista Santo Domingo-San Cristóbal lesionó la economía de la industria, ya que propietarios de áreas por donde pasa la vía recibieron en cambio terrenos suburbanos.

La Ley de Capitalización, promulgada en 1997, decretó la muerte definitiva del CEA y de los niveles de vida de los habitantes de los ingenios. Las autoridades de turno desmontaron una eficiente y experta estructura del personal técnico-administrativo, que fue sustituida por servidores inexpertos, totalmente divorciados del quehacer azucarero.

Aunque en principios el Presidente Leonel Fernández descartó la idea de continuar subsidiando al CEA, fue motivado para la realización de la llamada “zafra coraje”, para la cual autorizó un aporte de 800 millones de pesos, con resultados desastrosos.

El arrendamiento de los ingenios azucareros no fue buen negocio para los dominicanos. Solo el Barahona, regenteado por el sector privado, ha logrado supervivir. En cuando a las unidades Boca Chica, Quisqueya, Consuelo y Santa Fe fue todo un fracasado, y hace poco tiempo el CEA terminó de pagar millones de dólares a la empresa mexicana Conazúcar, como indemnización por incumplimiento del contrato de arrendamiento suscrito por esa entidad en 1997. La industria azucarera es vital para el desarrollo del país, y los responsables de administrar el fideicomiso para vender o alquilar los terrenos que le quedan al CEA deben actuar con honestidad, dedicación, ética y con total apego a las buenas costumbres. Así esperamos los dominicanos!.r.