El ministro de Interior y Policía dominicano, Carlos Amarante Baret, negó hoy que en el país haya apátridas descendientes de ciudadanos haitianos, tal como afirma la organización Amnistía Internacional en un informe publicado ayer sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.

“Rechazamos el informe mendaz y el intervencionismo de Amnistía Internacional en asuntos que son de nuestra exclusiva soberanía”, señaló el funcionario ante la denuncia de la organización sobre “escasos avances en la resolución de la crisis de apatridia” que, según señalan “afecta a decenas de miles de personas de origen haitiano nacidas en República Dominicana.

» El ministro afirmó que el Consejo Nacional de Migración (CNM) hace su trabajo y procede conforme a lo que establecen las leyes dominicanas en materia migratoria. Asimismo, afirmó que el Plan Nacional de Regularización marcha según lo acordado por el CNM, que en su reunión de julio amplió por un año el plazo para los registrados en dicho plan.

“Hemos dado todas las facilidades para que los que se acogieron a la Ley 169-14 (norma de naturalización con la que se trató de ofrecer una solución a las personas de origen haitiano) pudieran hacer sus trámites y optar por las opciones previstas en la misma”, resaltó el ministro de Interior y Policía.

Ante la denuncia de AI sobre el inclumplimiento, por parte de la República Dominicana de “sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, Amarante Baret retó “a cualquier organización, sea nacional o internacional, a presentar los casos que sostengan sus temerarias aseveraciones».

Según el texto de la organización hay un gran numero de personas apátridas nacidas en el país a las que se privó “de manera arbitraria y retroactiva de la nacionalidad dominicana en septiembre de 2013”, y denuncia que la ley Especial de Naturalización 169-14 se siguió “aplicando de manera deficiente” durante 2017.

El ministro destacó que el Gobierno del presidente Danilo Medina “ha actuado de buena fe, apegado a la ley y respetando los derechos humanos de todos los que viven en República Dominicana, aun sean extranjeros indocumentados.»

Además de Amarante Baret, diversas personalidades del país ya rechazaron el informe cuando se dio a conocer ayer, como el canciller del país, Miguel Vargas; el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, y la Defensora del Pueblo, Zoila Medina.