Ambientalistas piden a ministro cerrar Punta Catalina hasta su conversión a gas

El Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) solicitaron ayer al ministro de Medio Ambiente el cierre inmediato de la Central Termoeléctrica Punta Catalina hasta que sea convertida a gas natural.

Ante el impacto ambiental que estos grupos afirman que provoca esta planta de carbón, ambas entidades planean entregarle al ministro, Orlando Jorge Mera, un estudio de factibilidad técnica y económica de la conversión de Punta Catalina a gas natural, elaborado por la Alianza Mundial de Derecho Ambiental.

Las entidades justificaron el cierre de la central termoeléctrica por las alegadas violaciones a la Constitución, la ley de medio ambiente y recursos naturales (64-00) y la licencia ambiental 0267-14, otorgada en agosto de 2014 a esa planta situada en Baní.

Recordaron que este año depositaron ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales dos denuncias, una por el supuesto incumplimiento de las normas internacionales sobre las emisiones de gases ácidos y micropartículas, y por las montañas de cenizas que la planta supuestamente arroja a la intemperie.

Apuntaron además la denuncia que hicieron sobre la desaparición de seis kilómetros de playa por el cambio de dirección de la marea y de la rompiente marina a causa de la construcción del espigón de un kilómetro para el puerto carbonero de la planta termoeléctrica.

Afirmaron que el sábado pasado documentaron con fotos y vídeos el vertido de agua a “altísima” temperatura desde las calderas de la central hacia el mar, “matando los corales, las algas y microorganismos de esta parte del litoral sur”.

Intervención urgente. Los grupos ecologistas manifestaron que la intervención del ministerio debe ser de carácter urgente y firme para preservar vidas y ecosistemas y prevenir daños irreversibles en la zona de influencia directa de esta planta de carbón.

También expusieron que los 100,000 habitantes directamente afectados tienen el derecho constitucional a la salud y al goce de un medio ambiente sano.