Amnistía Internacional (AI) considera que “en la práctica” las autoridades dominicanas “han barrido del mapa” a cuatro generaciones “de un plumazo” a través de un “laberinto burocrático y jurídico” que ha convertido en “apátridas” a miles de personas en una nación de “ciudadanos fantasmas».

En un informe difundido hoy sobre personas apátridas en la República Dominicana, AI afirma que esos “apátridas” no tienen la posibilidad de acceder a un empleo regular, matricularse en estudios superiores o incluso visitar a un médico. El estudio, según apunta AI, “desmonta” la versión oficial de que ninguna persona carece de nacionalidad en la República Dominicana y analiza “el intrincado laberinto jurídico creado por las autoridades” desde la década de 1990 y, más recientemente, a través de una sentencia de 2013 “que ha privado arbitrariamente de la nacionalidad a decenas de miles de personas” con padres o abuelos extranjeros.

“En la práctica, las autoridades de la República Dominicana han barrido del mapa a cuatro generaciones de dominicanos de un plumazo. Sin la nacionalidad, decenas de miles de personas se han convertido efectivamente en fantasmas y deben superar enormes obstáculos para acceder a los servicios básicos del país”, según Erika Guevara, directora del Programa de AI para América.

En su documento, AI, que recabó la información sobre el terreno, pide que las autoridades dominicanas reconozcan la magnitud del problema de la apatridia y “tomen todas las medidas necesarias” para garantizar que las personas afectadas puedan disfrutar de sus derechos humanos.

La organización opina, a su vez, que las medidas adoptadas por el gobierno para resolver la situación de las personas a las que se ha privado de la nacionalidad “han resultado insuficientes” y se muestra segura de que “cerrar los ojos ante este drama afirmando que el problema no existe no hará que desaparezca.» Desde principios de la década de 1990 se han ido adoptando sucesivas decisiones administrativas, legislativas y judiciales que afectan específicamente a las personas de ascendencia haitiana nacidas en la República Dominicana y “tienen por objeto restringir su acceso a los documentos de identidad dominicanos y, en última instancia, a la nacionalidad».

En septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional dominicano resolvió que las personas nacidas en el país de progenitores extranjeros indocumentados desde 1929 no tenían derecho a la nacionalidad dominicana. “Este fallo supuso en la práctica dejar sin nacionalidad a la inmensa mayoría”, según AI.

El gobierno, de acuerdo a AI, para atenuar los efectos de esta sentencia discriminatoria, “ha creado un intrincado laberinto de categorías y procesos casi imposible de abordar para la mayoría». A su vez, considera que el plan de naturalización, que expiró el 1 de febrero de 2015, ha sido “insuficiente». En este sentido, revela que centenares de personas afirman que “nunca” recibieron información acerca del plan y que supieron de su existencia “cuando ya había expirado». Muchas aseguran que era “imposible reunir todos documentos de la lista que era obligatorio presentar”, según AI. AI también refleja que a muchas personas todavía no les han permitido inscribir el nacimiento de sus hijos en el registro civil y que la mayoría de estos niños siguen en situación de apatridia.

Por último, pide al ejecutivo dominicano “reconocer la existencia y las causas de la apatridia”, evitar futuras limitaciones arbitrarias del derecho a la nacionalidad y a la documentación de identidad, aplicar las normas internacionales de derechos humanos y cooperar con organizaciones de la sociedad civil». A Haití le pide asignar recursos para facilitar la expedición de documentos de identidad y adoptar una nueva ley sobre nacionalidad que permita a las personas afectadas por la prohibición de la doble nacionalidad volver a adquirirla.

Tras la polémica sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno puso en marcha el Plan de Regularización para Extranjeros indocumentados, cuyo plazo concluyó el pasado 17 de junio, y la Ley de Naturalización, que establece los parámetros para adquirir la nacionalidad. Al Plan Nacional de Regulación de Extranjeros se acogieron 288.466 indocumentados, la mayoría haitianos, y 8.755 lo hicieron a la Ley especial de Naturalización.