Análisis forense de la inflación. ¿Quién es la víctima y el victimario?

   En el país tenemos una inflación mensual sostenida desde hacen dos años y cuatro meses, observándola, registrándola, padeciéndola y comentándola. La inflación anualizada a octubre de 2022 (8.24 %), la subyacente (6.86 %), la recortada/acotada (7.24 %), la de bienes transables (6.53 %) y la no transable (6.08 %), todas desbordan la meta de inflación de un 4.0 %. Esos resultados tienen factores y actores responsables, que equivale a decir, las causas y protagonistas de los incrementos de precios, por lo que, resulta clave, identificar, recopilar, ordenar y analizar las informaciones sin alterarlas, como le corresponde a un examen forense.    

   Auscultar a la inflación al margen del escenario del COVID-19 resulta sesgado. Desde que el 31 de diciembre de 2019, fue notificado a la Organización Mundial de la Salud el primer caso de la enfermedad registrado en el mundo, en la localidad de Wuhan, China, la actividad económica inició un camino incierto. Desde entonces el mundo comenzó a prestar atención sanitaria al brote, que luego fue declarado como pandemia el 11 de marzo de 2020, a partir de entonces, la política económica se puso al servicio para combatirla y mitigar los efectos sociales y sobre la  economía que anticipadamente se esperaba.

   A causa de la pandemia por COVID-19 se dispuso el cierre parcial de la economía en la mayoría de los países del mundo, incluyendo a la República Dominicana, con implicaciones a nivel del empleo y sobre la demanda y oferta de bienes y servicios básicos. El resultado no se hizo esperar, en el caso dominicano el IMAE/PIB desde marzo de 2020 se contrajo en -9.4 %, manteniéndose con desempeño negativo por el resto del año, hasta detenerse en enero de 2021 en -1.8 %, último mes de los once que duró con resultado negativo.  

   A nivel del empleo formal aconteció lo propio, en marzo de 2020 se encontraba ocupado alrededor de 1,962,593 y a junio descendió a 1,444,917 y aunque a partir de julio comenzó a recuperarse, se mantuvo por debajo del nivel de la prepandemia, hasta febrero de 2022, cuando logró igualarlo temporalmente, porque luego en abril la cifra fue semejante a la de marzo de 2020. A septiembre de 2022 el empleo formal se ubicó en 2,044,732.

   En el ámbito informal del mercado laboral ocurrió algo similar a causa del confinamiento, al pasar al cierre del primer trimestre de 2020 de 2,089,488 trabajadores a 1,934,171 al final del segundo trimestre del mismo año.

   Ante la caída de la actividad económica y del empleo en el país, el comportamiento de los precios tuvo como respuesta una inflación negativa por cuatro meses consecutivos -desde febrero hasta mayo de 2020-, aunque anualizada fue por tres, de marzo a mayo. A partir de junio, los precios comenzaron a reaccionar al alza, ante el inicio de la escasez de oferta, dificultades en el transporte de carga, mano de obra para el trabajo presencial, liquidez en la economía y, el consumo de venganza, inducido por las políticas fiscal y monetaria expansivas.

   Con un escenario como el descrito, vale el análisis forense, que iniciamos con la presentación de los datos relacionados con el “hecho”, que lo conoceremos como inflación, los factores y actores que la causaron y potenciaron, así como las consecuencias. El gráfico ayuda a apreciar la escena del crimen que se manifiesta con incrementos de precios persistente por 26 meses.

   La afirmación de la inflación persistente, también queda sustentada porque la variación de los precios de los productos transables en el 2020 terminó con un 6.21 %, en el 2021 un 10.49 % y la de 2022 a octubre va en un 6.53 % y por el lado de los bienes no transables al 2020 fue de un 4.86 %, en el 2021 de un 6.54 % y a la fecha del 2022 de un 6.08 %, indicativo de que ambos tipos de inflación supera la meta del 4.0 %. Puede destacarse, además, que en el 2021 la demanda interna creció en un 11.1 %, señal de la política monetaria y fiscal expansiva que propició un consumo de venganza.         

   Como análisis forense de la inflación, interviene la determinación de los actores del hecho, que se resume en la posición fiscal y monetaria de tipo expansiva asumida por los organismos y autoridades en el marco de sus facultades, en ocasión de la pandemia por COVID-19. La postura fiscal y monetaria se apoyó en mandatos legales, otorgado por la Constitución de la República y las leyes de presupuesto anual, así como, además, la monetaria y financiera.

   La postura de la política económica en el país, tuvo como motivación mitigar los efectos del cierre parcial de la economía en materia de aumento del desempleo, la caída de la tributación, la disminución de los ingresos monetarios de los hogares y la iliquidez de las unidades económicas, para moderarlo se canalizaron recursos financieros a través del sistema bancario, estimular la reducción de la tasa de interés y transferencias monetarias directas a las familias más vulnerables.

   Tan pronto el Congreso Nacional aprobó la Resolución número 62-20 del 19 de marzo de 2020, el presidente de la República, en la disposición del Poder Ejecutivo, contenida en el decreto 134-20, declaró el estado de emergencia nacional, cerrando la frontera y limitando las actividades económicas, comerciales, educativas y recreativas, a fin de enfrentar la pandemia por COVID-19 con el menor daño posible.

   En ese marco, el ámbito fiscal adoptó medidas, como las transferencias monetarias a los trabajadore informales, bajo el programa Quédate en casa, consistente en la dotación de RD$ 5,000 a RD$ 7,000 al mes y a los formales con el programa FASE I por un monto promedio mensual de RD$ 7,328 y FASE II, para aquellas empresas pequeñas que se mantuvieron laborando por RD$ 5,000 al mes por cada trabajador; así además, el programa Pa’Ti, dirigido a trabajadores independientes y también, los programas Supérate y Comer es primero. En el ámbito tributario, el retraso del pago de impuestos y la eliminación temporal del pago de anticipos.

      La parte fiscal ejecutó un presupuesto de gasto público total correspondiente a los años 2020 y 2021 sin precedentes, que se incrementó en más de RD$ 206 mil millones, respecto a los presupuestos formulados inicialmente, denotando una postura de política fiscal de tipo expansiva.

   En la misma línea de suavizar impactos y recuperar la economía, el lado monetario adoptó un conjunto de medidas que flexibilizaron sus tasas de interés y los requisitos de cobertura del encaje legal, la provisión de liquidez a las entidades de intermediación financiera para impulsar la canalización de préstamos a los sectores productivos y hogares. En total el Banco Central canalizó recursos por un monto de RD$ 215 mil millones y disminuyó la tasa de política monetaria de 4.50 % a 3.0 %, para una reducción de 1.50 puntos porcentuales.  

   Como puede advertirse de los datos ofrecidos, la posición de la política fiscal y monetaria favoreció asistir a la economía para mitigar los efectos económicos/sociales del COVID-19 y evitar la destrucción del aparato productivo o bien iniciar la recuperación económica, pero no advirtió y, por consiguiente, no prestó atención a las consecuencias que la política económica expansiva traería sobre el comportamiento de los precios. 

   Cabe la posibilidad de que en algún momento los ámbitos fiscal y monetario entraran en algún tipo de diferencias en cuanto a la duración de las medidas o bien en la reacción para desmotarlo, una vez los precios iniciaron una tendencia alcista. La señal a esa suposición la puede dar el hecho que a pesar de que la inflación se inició en junio de 2020 (1.70 % interanual), fue a partir de diciembre que entró el ajuste del alza de la tasa de política monetaria (3.0 % a 3.50 %), lo que equivale a decir, una reacción tardía de seis meses a partir del inicio del crecimiento sostenido de los precios, en sus diferentes tipos de inflación.

   A nivel de la actividad económica, las medidas fiscales favorecieron la recuperación del producto interno bruto (PIB) y del empleo. Por el lado del primero, la economía creció en 2021 en un 12.3 % y a octubre de 2022 fue de un 5.2 %, permitiendo pasar al tamaño de la economía de US$ 78,829 millones en 2020 a US$ 112,222 millones y el empleo formal de 1,962,593 en marzo de 2020, cayendo a su nivel más bajo a 1,444,917 para luego situarse en 1,985,841 empleados a septiembre de 2022. 

   Sin embargo, la recuperación y el crecimiento económico dominicano continua sin ser inclusivo, dado que, en el 2022 aun el 70.0 % de la población trabajadora recibe ingresos por RD$ 20,108 al mes, inferior al salario mínimo mayor que es de RD$ 21,000 y similar al de los años donde también la economía ha crecido. Se puede agregar también, la caída en la participación de los ingresos monetarios de los trabajadores sobre el tamaño de la economía, que ha pasado de 23.7 % en el 2019 a 18.1 % en el 2022, perdiendo 5.6 puntos porcentuales, indicativo de que no se aprecia mejoría en la redistribución del ingreso. 

   La reacción tardía desde una postura monetaria expansiva a una restringida, ocasionó costos a la economía en materia de inflación, al desviarse su nivel de manera muy distante en 2020 en un 5.5 %, en 2021 en un 8.50 % y la de 2022 a octubre en un 8.24 % interanual, con relación a la meta de inflación que es de un 4.0 %. El hecho de que las autoridades no hayan ajustado hacia el alza a la meta de inflación, a pesar de su no cumplimiento, puede afectar la reputación y credibilidad como indicador referencial para la economía, sus agentes económicos y público en general.

   El discurso para no variar la meta de inflación y la expectativa de que la inflación registrada tendería a la meta por parte de las autoridades monetarias, fue asociada al convencimiento de que la inflación en la República Dominicana era transitoria, luego importada y más recientemente admiten, en un relato más realista, que un conjunto de factores internos y externos han propiciado la elevación de los precios en la economía del país más allá del tiempo estimado.

   Las consecuencias del movimiento de los precios hacia el alza de junio de 2020 a octubre de 2022, que ha llevado al costo de la canasta básica nacional familiar a pasar de RD$ 35,143 a RD$ 42,601 mensual, equivalente a un aumento de RD$ 7,458, trajo como impacto que el salario mínimo mayor nominal que en la actualidad es de RD$ 21,000 sea de RD$ 17,440 en términos reales, lo que implica una reducción de RD$ 3,560 en el poder adquisitivo y una consecuencia negativa directa del sostenido incremento de precios sobre la familia dominicana que acumula para ese tiempo una inflación de un 21.2 %.

   Al extenderse el impacto de la inflación sobre la macroeconomía dominicana, un ejercicio simple puede mostrar la negatividad del incremento de los precios que ha obligado a elevar la tasa de política monetaria, teniendo a su vez un efecto transmisión sobre las tasas de interés del sistema financiero y en el costo del dinero para los usuarios del crédito bancario y otros mercados colaterales.

   Asumiendo que el nuevo monto de la cartera de crédito en el primer semestre de 2022 fue de RD$ 45 mil millones y los cambios en la tasa de interés activa promedio ponderado que ha sido de un 4.03 puntos porcentuales, el monto diferencial a pagar por el incremento de la tasa de interés seria de RD$ 1,811 millones a un año, por el impacto en el incremento del precio del dinero bancario.  

   De manera que, la inflación sostenida, unida al deterioro de la capacidad de compra, especialmente de los más vulnerables que tienen una mayor propensión al consumo, es una responsabilidad de quienes originaron y luego no detuvieron a tiempo la política monetaria y fiscal expansiva.

   Del examen forense a la inflación dominicana puede inferirse que el ganador de la partida ha sido el crecimiento económico alcanzado hasta el 2022, que al compararse con el tamaño de la economía de 2019, el aumento ha sido de US$ 23,316 millones y al hacerlo con la de 2020 es de US$ 33,393 millones; en cambio, el perdedor ha sido la inflación, la que su nivel ha sido sostenido hasta más que duplicar a la meta de inflación que es de un 4.0 % y paralelamente, los trabajadores, porque sus salarios en términos reales se han reducido en RD$ 3,560 al mes y por la reducción de los ingresos de los trabajadores en el aporte al PIB, que ha perdido 5.6 puntos porcentuales.   

   En la escena del crimen examinado se pudo encontrar que hubo dos autores -el fiscal y monetario-, como los victimarios, que no cuantificaron en magnitud y tiempo la exposición al riesgo a una mayor inflación, motivados en el afán de concentrarse en las acciones para mitigar la caída de la economía y luego recuperarla en el menor tiempo posible, hasta sobrecalentarla, como fue el caso del año 2021, sin considerar que la inflación, como el hecho “penal”, provocó una víctima, la población trabajadora en los sectores formal e informal de la economía dominicana.      El hecho constituido como inflación en la Republica Dominicana durante el 2022 ha perdido algo de intensidad en los últimos tres meses del año, sin que eso quiera decir que la inflación esté en su zona de confort que es el 4.0 % y que, a la economía mundial persistir riesgos, como los de algunos inconvenientes en la cadena de suministro, la subida de precios en las materias primas se exponen a retomar su tendencia, tan pronto China vuelva a la normalidad, interrumpida por la nueva ola de COVID-19, también, lo que pueda ocurrir con el mercado del petróleo con el establecimiento de un precio tope al petróleo ruso y si los trabajadores de las principales economías del mundo logran que sus salarios sean ajustados hacia el alza, por la pérdida de poder adquisitivo que han tenido, no debe descartarse que los riesgos latentes terminen incidiendo negativamente sobre la inflación dominicana y a su vez se mantenga fuera de su zona de confort para el 2023.