Cada vez que comienza un nuevo año, lo más lógico, normal y racional es elaborar una lista con aquellos aspectos, temas, factores o cosas, los que por su alta incidencia en el desarrollo de las actividades humanas prioritarias, se anhela con vehemencia que tengan un desempeño de alto valor agregado. En este ámbito, un segmento importante de los dominicanos anhela que durante el 2023, el liderazgo político, económico, laboral, social, académico, profesional y religioso asuma una actitud más proactiva, responsable, comprometida y ética, con respecto a los siguientes temas de interés común:

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La planificación, ejecución y control de políticas sociales integrales y sostenibles, más allá del clientelismo político, son fundamentales para garantizar gobernanza próspera. En este orden, es imprescindible que todos los funcionarios y servidores públicos entiendan y se alineen a la visión y a las buenas intenciones que ha manifestado el Presidente Luis Abinader Corona, con relación al desempeño ético y relevante que deberían tener las instituciones del Estado.

Las empresas son entidades corporativas con derechos y deberes frente al Estado y los ciudadanos. De ellas se espera que asuman un comportamiento ético, transparente, solidario y socialmente responsable. Los ciudadanos esperan que los grupos corporativos dominicanos desarrollen más y mejores acciones de responsabilidad social en las comunidades en las que llevan a cabo sus actividades de producción.

Considerando que el artículo 8 de la Constitución de la Republica establece que “el Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social, de manera que toda persona llegue a gozar de adecuada protección contra la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez”. En este sentido, los dominicanos anhelan que los actores que dirigen, regulan y administran el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), defiendan más los intereses de los afiliados y que no continúen negando derechos a los servidores públicos.

La calidad de la gobernanza, la solidez de la institucionalidad y la sostenibilidad de la democracia, en gran medida dependen del desempeño eficiente del Poder Judicial, ya que cuando el talento humano responsable de administrar y aplicar las leyes, carece de ética, integridad y de independencia de criterio profesional, nada ni nadie está seguro.

Desde los postulados teóricos, los medios de comunicación masiva tienen que jugar un rol protagónico en los procesos de educación y concientización de los ciudadanos. Es decir, los propietarios y el talento humano que dirigen y gestionan los contenidos de los medios de comunicación, no deberían olvidar el rol social que les corresponde. Hay que evitar que la plataforma mediática actual de la sociedad dominicana, continue siendo un medio para favorecer y fortalecer los intereses de determinados grupos corporativos.

En el macroentorno actual, caracterizado por normas, principios y valores que rigen las relaciones sociales, económicas y políticas entre los Estados, la inmigración es un tema de alta prioridad. Las autoridades dominicanas tienen que poner atención especial a la inmigración, debido a que la entrada y permanencia de ciudadanos de otros países a República Dominicana, no puede continuar manejándose de manera coyuntural, solo para favorecer determinados intereses políticos y económicos. Las acciones para gestionar la inmigración deben alinearse al marco legal nacional y a los acuerdos internacionales vigentes.

La calidad y pertinencia de los servicios públicos que reciben los ciudadanos que acuden a una agencia del Estado, incide directamente en la buena o mala imagen pública del gobierno de turno. Se espera que los servidores públicos que actualmente laboran en las entidades del Estado dominicano, lo hagan con profesionalidad, ética, respeto y con vocación de servicio.

Lo lógico es que el crecimiento económico sostenido de un país, impacte positivamente la calidad de vida de todos sus ciudadanos, que haya una disminución de la deuda pública. Los dominicanos desean que los inversionistas locales y extranjeros del sector turístico, se involucren e inviertan más en el desarrollo integral y sostenible de las comunidades donde ellos llevan a cabo sus actividades productivas. El crecimiento económico justo, responsable y equitativo, tiene que ser capaz de propiciar prosperidad para todos, no solo para una reducida élite.

La comunicación pública gubernamental (CPG) es un factor clave para construir gobernanza próspera y llevar a caobo una gestión pública participativa y sustentable. Son muchos los ciudadanos que anhelan que el gobierno actual realice una gestión más estratégica, integral y eficiente de su comunicación gubernamental. Ojalá que en el 2023, incumbentes de determinados Ministerios, Direcciones Generales y de organismos especiales gubernamentales, no continúen dilapidando dinero público en costosas y estúpidas acciones comunicacionales. Por ejemplo, los Ministerios de la Presidencia, Obras Públicas y Comunicaciones, Agricultura, Industria, Comercio y Mipymes, Energía y Minas, así como las Cámaras de Senadores y Diputados, entre otras entidades públicas.

Lograr que los cuantiosos ingresos que recibe el gobierno central, a través de sus agencias recaudadoras, por concepto de los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas, permitan mejorar la calidad y pertinencia de los servicios públicos.

Los ciudadanos quieren que los logros cualitativos y cuantitativos que dicen haber alcanzado algunas de las agencias del Estado, se correspondan con la realidad.

Los dominicanos anhelan que los funcionarios y servidores públicos actuales, asuman el respeto a la institucionalidad como uno de los ejes estratégicos para lograr el bienestar colectivo sostenible. Ningún país del mundo puede desarrollarse sí sus líderes y ciudadanos violan sus propias leyes y normas.

Curar la miopía que padecen los que lideran las instituciones de educación superior de República Dominicana, para que puedan ver con perspicacia la relación entre las competencias del talento humano y los cambios que acontecen en el mercado laboral dominicano. Es urgente cuestionar el pensamiento, las decisiones y actuaciones de la universidad de la posverdad.

En resumidas cuentas, casi todos los dominicanos anhelan que los elegidos para hacer cumplir las funciones esenciales de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial entiendan que su misión estratégica consiste en proteger y respetar los derechos y la dignidad de todos los ciudadanos. Como administradores de los recursos del Estado, están compelidos a crear un marco de libertad individual y de justicia social, mediante el cual se establezca un bienestar común creíble y sostenible.

En fin, los ciudadanos dominicanos desean vivir en una sociedad próspera, decente, libre de corrupción e impunidad, en la que no se violen los derechos fundamentales y se venere la obediencia a la institucionalidad. Además, para 2023, los servidores públicos amparados en las Leyes 379-81, 41-08, así como en los artículos 35, 38 y 39 de la Ley 87-01, esperan que los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y los de la Comisión Permanente de Pensiones (CPP), no continúen ejerciendo la negación de derechos adquiridos.