La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) calificó hoy de preocupante el panorama actual que atraviesa la República Dominicana, «en ocasión de los recientes casos de corrupción sometidos ante la justicia y con decisiones altamente cuestionadas».

“Este panorama actual impacta de forma negativa al clima de negocios del país, pues como ha evidenciado el Índice de Competitividad Global 2015-2016 que nos coloca en la posición 98 de 140 economías, el país posee grandes oportunidades de mejora en indicadores como corrupción, confianza pública en los políticos e independencia judicial, siendo esto un gran reto para un avance más significativo de nuestra competitividad como país», dijo presidente de la entidad, Osvaldo Oller Bolaños.

Señaló que de ahí «que tanto el Índice Global de Competitividad vaya de la mano con el Índice de Percepción de Corrupción 2014, donde igualmente nos encontramos en desventaja con una posición de 115 de 180 países”.
Oller Bolaños resaltó la importancia de que el Gobierno enfrente las debilidades institucionales en materia de corrupción, las cuales a su juicio han afectado durante años al crecimiento social y económico de la nación, y limitado el desarrollo de nuevos esquemas de negocios.

Agregó que esta situación ha impedido además la asignación de recursos y su eficiente utilización en áreas sensibles, básicas y fundamentales para el desarrollo humano de la población y la conquista de un estado social y democrático de derecho.

«Es preocupante la situación que atraviesa el país respecto a la ola de casos de presunta corrupción sometidos ante la justicia, que incluyen ilícitos penales del tipo de uso de documentos falsos, lavado de activo, desfalco, entre otros», reiteró.
En este sentido, sobre el más reciente caso fallado por la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Oller Bolaños señaló que “un fallo no ha lugar” que cierra las posibilidades de conocer en juicio de fondo de un caso de presunta corrupción, constituye un mensaje desalentador y de desconfianza, que resta credibilidad a un Poder Judicial debilitado ante los ojos de la población y niega a la ciudadanía la posibilidad de esclarecer la incertidumbre a la que este tipo de caso ha sometido”.

Abogó porque la sociedad civil mantenga su rol vigilante ante los casos de presunta corrupción, al tiempo que solicitó al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, «en ocasión al más reciente caso de sometido ante la justicia», a recurrir en casación la decisión de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, «pues deben agotarse todas las vías legales correspondientes».