El país vive los inicios de quizás la más grave crisis de su historia, porque abarca todos los órdenes de la vida pública: institucional, ética, económica, social e internacional.

En el orden institucional, hay un verdadero secuestro de todos los estamentos del Estado, por parte del partido de gobierno: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Liga Municipal, JCE y Tribunal Constitucional, puestos al servicio incondicional del continuismo, la corrupción y la impunidad sin límites.

La más palpable muestra de esa situación es que el expresidente Fernández y uno de sus principales colaboradores, Milton Ray Guevara, quien había declarado públicamente que este podría reelegirse sin necesidad de cambiar la Constitución, al redactar la nueva Carta Sustantiva, en su parte dogmática (la Introducción y dos capítulos iniciales), se refiere taxativamente a la sujeción del Estado dominicano a los tratados internacionales, particularmente en materia de derechos humanos; y aun más lejos, a la posible delegación de otras facultades a “organismos multilaterales” que faciliten la integración continental; ahora proclaman su inconstitucionalidad en nombre del nacionalismo a ultranza, en desconocimiento de las declaraciones y sentencias de la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos; después que incluso Fernández recomendó y obtuvo la designación de una dominicana como juez de esa corte.

En el aspecto ético, el enriquecimiento ilícito generalizado de las más altas autoridades, a costa de los ciudadanos y el crédito público; y el involucramiento de un sector de la población, fruto de la miseria, los malos ejemplos y la impunidad de los delincuentes, hacen muy difícil la recuperación moral de muchos ciudadanos.

En lo económico, la pérdida de poder adquisitivo, el desempleo, la sustitución de la mano de obra dominicana en el campo y la ciudad; a lo que se suma la falta de incentivos para la industria, el mal uso de los recursos del Estado y la deuda pública; parecen cerrar los caminos hacia el futuro.

En lo social, las gravísimas carencias en la educación y la salud públicas, los déficits en viviendas populares, el caos en el transporte, la inseguridad generalizada, el uso de turbas como armas políticas y la penetración de mafias del narcotráfico internacional completan el cuadro deletéreo descrito.

A nivel internacional, la imagen del Estado dominicano está por los suelos, fruto de un nacionalismo barato que le niega la nacionalidad a personas hijas de extranjeros con 85 años nacidos en el país; mientras miles de personas y mercancías pasan diariamente la frontera, que al parecer se convierten en hormiguitas, porque “nadie los ve”, para beneficio de algunas autoridades en perjuicio de las mayorías.

Ante esa situación de desastre, más que un pacto eléctrico o fiscal aislados, lo que requiere este país son grandes pactos políticos, para erradicar todas esas lacras con real voluntad colectiva; tanto dentro como fuera de los partidos políticos y sobre todo dentro del Estado, para todos poder luchar por adelantar este país y sus instituciones; y para mandar adonde deben estar a los indeseables que controlan partes del Estado.

Por cierto, ya Fujimori en Perú, para tratar de eternizarse en el poder, desconoció los derechos humanos y las decisiones de la Corte Interamericana de DDHH, pero terminó en el descredito y la cárcel…