Tirso Mejía Ricart 
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Reproduzco casi igual este artículo nuestro del año 2006, por considerarlo de actualidad. Todavía no están lejos los días en que las elecciones dominicanas dependían para su realización de una cédula personal de frágil legitimidad y del entintado y afeitado de un dedo de los electores, agravado con el permiso para que las mujeres votaran sin documento de identidad y por legiones de muertos que se “levantaban” el día de los comicios para votar, por los candidatos del partido oficial.
Tampoco pueden olvidarse los tiempos de la adición y sustracción de palitos o ceritos en las actas de votación y la propia desaparición de éstas, por el robo de urnas y otras tantas “travesuras” en la computación y transmisión de los resultados electorales, estuvieron a la orden del día, para no hablar de actos de violencia física o de “fallos históricos” perpetrados contra la legitimidad de la democracia electoral.
Desde el año 1996, luego de la Reforma Constitucional 1994 y de la aprobación de la Ley Electoral 275-97, el país ha ido avanzando notablemente en diversos aspectos, de la organización de los comicios, no sin sobresaltos.
Entre estos avances podemos contar el establecimiento de Colegios Cerrados para combatir el fraude de doble votación, la reducción en el número de electores por Colegio, el voto por Circunscripciones Electorales, el establecimiento de un nuevo padrón fotográfico, el voto preferencial para los diputados, la plastificación de las actas y la ley de elecciones primarias universales y simultáneas, aunque éstas últimas fueron anuladas por decisión desafortunada de la Suprema Corte de Justicia, lo que impidió que se limpiara el tortuoso proceso de selección de candidatos de los partidos, por la manipulación de las cúpulas dirigenciales. El actual proyecto de Voto Electrónico en la República Dominicana es básicamente el producto de los afanes del Presidente de la Junta Central Electoral, Dr. Luis Arias, curiosamente luego de haber contribuido a la decisión de la SCJ, alegando la complejidad del sistema, ya que el Presidente Fernández, principal instigador de la descalificación de esa Ley, al parecer le retribuyó sus esfuerzos avalando el financiamiento de esta innovación tecnológica.
Independientemente de su alto costo, el Voto Electrónico supondría ventajas indudables en los procesos electorales, tanto para la identificación y votación de los electores, como para el rápido procesamiento del sufragio ciudadano.
