Cristian Mota 
Por años, la preocupación sobre el consumo de sustancias prohibidas por parte de los choferes del transporte público y de carga ha sido una constante en el debate nacional. No es un tema menor, pues implica directamente la seguridad de miles de pasajeros y de quienes transitan en las vías. Ante esta situación, las autoridades y diversos gremios del transporte han expresado posturas encontradas sobre la aplicación de pruebas antidoping obligatorias y aleatorias.
Uno de los señalamientos más contundentes provino del senador por Santiago Rodríguez y empresario del transporte, Antonio Marte, quien advirtió que, de implementarse controles antidrogas sorpresivos en terminales y paradas, “muchas rutas se quedarían sin conductores”. Esta declaración, lejos de ser una exageración, desnuda una preocupante realidad: existe un número indeterminado de choferes que podrían estar bajo los efectos de sustancias prohibidas mientras conducen, poniendo en riesgo vidas humanas.
Desde la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano (Fenattransc), su presidente, Mario Díaz, ha insistido en la necesidad de que las pruebas antidoping sean un requisito fundamental para la renovación de licencias de conducir. Díaz también sugiere que se implemente un sistema de identificación con tablillas que indiquen si el chofer ha pasado satisfactoriamente las pruebas. A su juicio, esto fortalecería la transparencia y la confianza en el sector.
Por su parte, el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figuereo, se ha mostrado de acuerdo con la realización de pruebas antidoping, pero de manera aleatoria. Su argumento radica en que si se anuncian con antelación, los choferes con antecedentes de consumo podrían recurrir a artimañas para eludir los resultados positivos. Pérez Figuereo también ha sido enfático en que no se debe generalizar y estigmatizar a todos los transportistas, pues existen muchos que llevan una vida honesta y responsable.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) ya han suscrito acuerdos para implementar medidas de control, incluyendo pruebas de doping y alcoholemia en distintas paradas y terminales. Esta es una iniciativa positiva, pero es necesario que se aplique con rigor y sin excepciones.
El dilema radica en el temor a la escasez de conductores si se implementan estas pruebas de forma rigurosa. Sin embargo, es preferible contar con menos choferes pero que sean responsables y aptos para conducir, que mantener a conductores bajo efectos de sustancias que pongan en peligro a la población. No se trata de una persecución contra los transportistas, sino de garantizar la seguridad vial y prevenir tragedias evitables.
El Estado, junto con los gremios del transporte, debe priorizar esta discusión y convertirla en una política de aplicación obligatoria. La seguridad de los pasajeros, peatones y otros conductores en las vías debe estar por encima de cualquier otra consideración. Implementar pruebas antidoping sistemáticas y aleatorias es un paso imprescindible para profesionalizar el sector y reducir los riesgos en el tránsito.
