El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, dictó este martes auto de apertura a juicio en contra de Alexis Medina Sánchez y otros acusados por el Ministerio Público de sustraer miles de millones de pesos al Estado.

Durante la audiencia el magistrado dispuso que el hermano del ex presidente Danilo Medina y los demás implicados en el caso Antipulpo, respondan en un juicio de fondo a los hechos que se le imputan.

Timoteo Peguero tomó la decisión al rechazar varios incidentes de inadmisibilidad, de incompetencia, de nulidad de la acusación y de inconstitucionalidad de los abogados de los involucrados, que buscaban la anulación de la acusación del MP.

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Además de Medina Sánchez, también fue enviado a juicio Fernando Rosa, Aquiles Christopher, Antonio Florentino Méndez, Rigoberto Alcántara Batista, José Alarcón, Fulvio Antonio Cabrera, José Idelfonso Correa, Libni Arodi Valenzuela Matos, Francisco Ramón Brea Morel (a) Johnny.

Igualmente, Víctor Encarnación Montero, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Cristian Manuel Ramírez, Carlos Martín Montes de Oca y su esposa Paola Mercedes Molina Suazo, José Dolores Santa, Wacal Bernabé Méndez.

Del principal acusado, Juan Alexis Medina Sánchez, el expediente acusatorio establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.

Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.

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Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.

También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.

En el transcurso del proceso cuatro imputados de este caso realizaron acuerdos con el Ministerio Público, lo cual permitirá al Estado recuperar más de 200 millones de pesos en bienes.

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