Nueva York. Las autoridades de esta ciudad apelarán la decisión de un juez de Staten Island de anular el proyecto de ley que permitiría a los neoyorkinos con residencia legal y permiso de trabajo votar en las elecciones municipales en los cinco condados de la Metrópoli.

El departamento jurídico de NYC presentó una notificación para apelar una decisión del juez Ralph Porzio, del Tribunal Supremo del Condado de Richmond, que se puso del lado de los republicanos en una demanda.

El magistrado alega que esa ley es inconstitucional. «Esta apelación reafirma el compromiso del alcalde Eric Adams y la ciudad de defender enérgicamente la ley», dijo un portavoz del Departamento de Justicia.
Esta ley permitirá a los residentes permanentes legales y con permiso de trabajo legal votar en NYC para alcalde, contralor, concejo municipal y presidentes de condados, siempre que hayan vivido en los cinco distritos durante los últimos 30 días.

Entraría en vigor en el 2023 e incluirá una disposición de la Junta Electoral en crear un proceso de registro separado para los votantes no ciudadanos.

La legislación, conocida como “Ley Local 11 o Ley Nuestra Ciudad, Nuestro Voto”, fue aprobada en las últimas horas de la sesión del 2021.

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Se convirtió en ley cuando el recién electo alcalde no ejerció su poder de veto al entonces proyecto, lo que permitió que se convirtiera en ley 30 días después de ser aprobada por la legislatura.

El juez Porzio, que ya había fallado en contra del mandato de la mascarilla de la ciudad para los niños pequeños, dijo en su fallo que, aunque la ley concedería el derecho de voto a entre 800.000 y un millón de neoyorquinos, lo haría a expensas de los votantes ciudadanos.

El argumento fue esgrimido originalmente por los demandantes, encabezados por el presidente del distrito de Staten Island, Vito Fossella, además, figuran las concejalas republicanas de Queens Joann Ariola y Vickie Paladino, así como el concejal demócrata Robert Holden.

Esta ley fue promovida por el exconcejal Ydanis Rodríguez, hoy comisionado del Departamento de Transporte (DOT). En el período previo a su aprobación, defendió su estabilidad jurídica.

«Si tenemos que ir a Albany, iremos», dijo Rodríguez. «También tenemos oponentes de derechas en NYC que siempre se convierten en un obstáculo cuando queremos hacer avanzar la agenda de los derechos de los inmigrantes en esta ciudad».