La juez de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional aplazó para el martes 19 de septiembre audiencia para evaluar si procede la solicitud de fusión expediente de interpretación de sentencia del Tribunal Constitucional con el de la liquidación de la astreinte de 508 millones de pesos que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) deberá pagar al abogado Ramón Emilio Concepción.

La magistrada Nidia Victoria Jorge Taveras, ventilará la audiencia a partir de las 9:00 de la mañana.

El abogado Concepción definió como un argumento más de la DGII para dilatar el proceso que se ha estado intentando conocer para la liquidación astreinte que hace rato adquirió la cosa irrevocablemente juzgada.

Dijo que la fusión solicitada por la DGIII, no procede porque no es la misma causa, ni el mismo objeto, por lo que la solicitud de fusión deberá ser declarada inadmisible la demanda.

Calificó como un absurdo que la Dirección General de Impuestos Internos DGII pretenda que un juez de primera instancia intérprete una decisión del Tribunal Constitucional.

“Ellos están pretendiendo que un juez de primera instancia anule dos sentencias que ya dictó el Tribunal Constitucional, lo que sería romper el Estado de Derecho, el principio de legalidad y empezar una especie de autoritarismo legal en la República Dominicana, eso es un terrorismo judicial”.

La demanda de interpretación de sentencia que interpuso la Dirección General de Impuestos Internos a la sentencia, número 0358/09 que tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, más el aspecto vinculante que tienen todas las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, será ventilada a las 9:00 de la mañana.

Mientras el presidente Luis Abinader sostiene que “tenemos que respetar cualquier decisión del Tribunal Constitucional”, mientras la DGII se ha colocado por encima de la ley para intentar no pagar un astriente que a la fecha sobrepasa los 500 millones de pesos.

Igual postura a la del presidente de la República ha planteado el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta, quien sostiene que la sentencia del Tribunal Constitucional es para cumplirla.

“Por principio yo digo y lo seguiré diciendo cuando no sea consultor y lo volveré a decir si vuelvo y ocupo otra función que la sentencia del Tribunal Constitucional es para cumplirlas”, precisa el consultor.

Explica el abogado que el Tribunal Constitucional declinó ante la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, única y exclusivamente para su liquidación, sin embargo, ahora trata de revisar una sentencia del más alto tribunal.

Concepción dijo que, la única forma de detener la astreinte es ejecutando de manera total la sentencia; sin embargo, la DGII ha obviado la sentencia que ordenó la transferencia de los inmuebles en el 2009, la cual era ejecutoria, no obstante, cualquier recurso que se interpusiera contra la misma.

En realidad, la parte de la sentencia que la DGII ordenó levantar el impedimento que pesaba sobre los inmuebles mencionados; lo hicieron en enero del 2021, cuando ya era definitiva la decisión del 2009, por efecto de la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional en agosto del 2020. Sin pagar el astreinte que le fue impuesto.