Con la última entrega de la miniserie titulada ¿Es España instintivamente monárquica? el pasado 18 de julio, me proponía escribir esta semana sobre cualesquiera de los temas locales o internacionales que están ocupando la atención de la opinión publica. Desde el sonado Reglamento de la Ley 169-14 sobre Régimen Especial y Naturalización, las sistemáticas inauguraciones de escuelas en todo el país, destinadas casi totalmente a la jornada extendida, hasta el crimen de lesa humanidad que comete Israel contra los palestinos en la franja de Gaza.

O temas como la gira del presidente Vladimir Putin por América Latina, y la posterior reunión en Brasil de los países integrantes del Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), en la que se decidió la naturaleza y operatividad del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), como alternativa al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional; las recientes reuniones en Venezuela del Mercosur, y el Banco del Sur, así como la celebración y el III Congreso de Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); el recrudecimiento del conflicto ruso-ucraniano, con la interferencia norteamericana y de países de la Unión Europa, entre tantos.

Mientras pensamos en esa avalancha de temas, se han producido últimamente en España situaciones que mueven a hacer algunas acotaciones o apostillas en relación a juicios que hemos externado sobre el desarrollo y las causas que han generado la abdicación del rey Juan Carlos y de otros monarcas de la historia de España.

Habíamos señalado la secuela de sucesos locales y externos que determinaron la última abdicación española, pero aún sin cerrarse el ciclo de un tiempo de cosecha, ha vuelto a presentarse otra turbulencia, con implicaciones políticas, ético-morales y económicas. El primer caso: el ex presidente del gobierno balear (con las islas Mallorca, Menorca e Ibiza), Jaume Matas, ingresó a la cárcel provincial de Segovia, para cumplir nueve meses de prisión por tráfico de influencias en el caso de Palma Arena.

El otro escándalo, que ha tocado incluso una figura emblemática del proceso español de la segunda mitad del siglo XX, como el catalán Jordi Pujol, presidente durante 23 años de la Generalidad de Cataluña: que escondió al fisco dinero en el extranjero desde 1980, recibido como herencia de su padre, Florenci Pujol, fallecido en septiembre de ese año. El mismo Jordi lo confirmó, y pretende justificarse con la aclaración de que “hasta ahora no había encontrado el momento oportuno para regularizar los fondos”. Por ello, ha pedido perdón a la sociedad. Además, el periódico El Mundo, del 7 d julio pasado, informó que la familia de Pujol ingresó dinero supuestamente irregular estimado en 3,4 millones de euros en un mes, en un banco de Andorra.

Al comentar la situación, el periodista Lluis Bassets, de El País, afirma que “La muerte política de Pujol deja al nacionalismo convergente sin su principal activo y referencia histórica e ideológica”.

La otra cara de la moneda de este panorama la constituye las declaraciones de Pedro Sánchez, nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y las normativas de carácter ético y administrativo anunciadas por el rey Felipe VI. Al referirse a Sánchez, un editorial de El País afirma que “La recuperación de la confianza de los ciudadanos empieza por las de sus propias bases, y Sánchez tampoco ahorró gestos, desde el anuncio de que no le temblará el pulso para echar a los corruptos hasta la organización de asambleas periódicas de ‘rendición de cuentas’ a las bases”.

Pero las normativas del rey Felipe VI es lo de mayor trascendencia. Se siente la firme decisión de superar el pasado: Encarga una auditoría externa y código de conducta para la monarquía: prohíbe a los miembros de la familia real trabajar en empresas privadas; pide un equipo de asesoramiento jurídico permanente y regular los regalos que recibe la familia.

El yate Fortuna, donado por empresarios y funcionarios públicos, no es usado desde 2013 por razones de austeridad, y ahora el Rey instruyó entregarlo a sus patrocinadores.

Señales de que también en España se vive un cambio de época, sintetizado en la ebullición del partido del joven Pablo Iglesias y en las medidas anunciadas por Felipe VI. Responde así a la promesa que hizo en su proclamación, el 19 de junio último: “Encarnar una monarquía renovada para un tiempo nuevo, íntegra, honesta y transparente”.