La despenalización del aborto ha quedado prohibida por la Constitución Dominicana del año 2010, pero parece que los asesores legales y políticos del Presidente Danilo Medina no se percataron de ello, cuando indujeron al mandatario a observar, por razones meramente complacientes hacia estratos defensores del aborto, los artículos del nuevo Código Penal aprobado por el Congreso Nacional, que establece penalidades a la interrupción del embarazo.

La “Constitución de Leonel” Fernández, como se conoce nuestra vigente ley fundamental aprobada también con la anuencia absoluta del entonces aspirante presidencial Medina, no deja resquicio de duda para penalizar el aborto cuando su artículo 37 reza: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso, la pena de muerte”. O sea, para que el Congreso pueda complacer las observaciones de Medina, en cuanto a que sean precisadas de manera inequívoca las situaciones excepcionales en que la interrupción del embarazo sea eximida de responsabilidad penal, es imprescindible modificar la Constitución como ella ordena.

Tanto los legisladores y los sectores nacionales, encabezados por la Iglesia Católica, que impulsaron el susodicho articulo trigésimo séptimo en la Constitución, fueron sabiamente previsores al legislar de esa manera, precisamente para impedir maniobras insensatas de grupos defensores del aborto y la cultura de la muerte, que han aprovechado la debilidad de un Jefe de Estado que escucha las peticiones de sus gobernados.

Creo conveniente que tal y como pide la Conferencia del Episcopado Dominicano, el nuevo Código Penal sea ratificado con la letra y espíritu originales, que penaliza el aborto, porque a contrapelo su legalización implica “dictar pena de muerte” a una persona, por demás indefensa. Defendamos la vida, un derecho inherente al hombre, que es anterior y superior al Estado.