El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) solicitó ayer mediante instancia a la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente agilizar las investigaciones sobre las operaciones que en violación a la Ley 64-00 realiza la empresa Seaboard Internacional con las dos barcazas de generación eléctrica que tiene sobre el río Ozama.

La entidad recordó que esas operaciones fueron detenidas en el 2017 por el entonces procurador general Francisco Domínguez Brito, y que en una “aberración jurídica y ambiental”, el exministro de Medio Ambiente Ángel Estévez no solo le renovó la licencia a Seaboard, sino que además le amplió el marco de generación a ser instalado sobre el afluente.

“Nosotros entendemos que el país necesita fuente de generación eléctrica; no estamos diciendo que las plantas sean buenas o malas, sino que la ubicación no procede ni técnica ni legal ni ambientalmente, dada la gravedad de la contaminación que genera en todos los barrios a su alrededor y al propio río, ya que el fuell oil que ahí se produce es uno de los más contaminantes del mundo”. dijo Euren Cuevas.

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Recordó que en el año 2017 el entonces ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, negó la renovación de licencia a Seaboard y otorgó un plazo para remover la única barcaza que tenía, la Estrella de Mar II.

Precisó que esa planta se instaló en el río Ozama cuando el huracán George, en 1998, a raíz de la crisis eléctrica que tuvo el país, de manera provisional y previo a la existencia de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente, por lo que a su juicio si hubiese existido esa ley es imposible que se hubiera instalado la planta porque ambientalmente no es sostenible.

“Las bases legales para la denuncia que el INSAPROMA incohó contra Seaboard y contra el pasado ministro de Medio Ambiente, Ángel Estévez, es por violación a las normativas ambientales. Resulta que lo que había detenido Francisco Domínguez Brito en el 2017, entonces Ángel Estévez en el 2020, como hizo con otras licencias ambientales, renovó esa licencia a Seaboard y amplió el marco de generación a instalarse en el río Ozama. Eso es una aberración jurídica y una aberración ambiental”, sentenció el especialista