Hoy 
Pasando por encima de la obstructiva radicalidad a favor o en contra de causales que tiene a la República sin normas penales apropiadas a los tiempos, vista la obsolescencia centenaria de las que existen, el paso al frente que procede es que los plenos congresuales se acojan mediante votaciones a un único texto que incluya o excluya a la manzana de la discordia; caiga quien caiga, triunfe quien triunfe aunque al resto de las matrículas no le parezca lo más razonable. Es hora de ceder para no perder lo más por lo menos. Esta sociedad no debe seguir desprovista de fundamentos procedimentales funcionales para la mayoría de los actos a castigar que se suscitan. Inhibirse congresionalmente de avanzar hacia las judializaciones que requieren los tiempos por contradicciones en un solo aspecto del contenido que se considere ideal, haría permanecer la falta de efectividad penalizadora contra un significativo número de agresiones a la vida muy vigentes que merecerían la misma protección que la de la etapa germinal. Seguirían ocurriendo trágicos finales a la existencia sin pedir cuentas cabalmente a quienes las destruyan.
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¡Un absurdo! Carecer persistentemente de un instrumento de vastedad en su aplicación protectora a los seres humanos expresaría un maniqueísmo de extrema crueldad y un vacío del pragmatismo que serviría, disuasivamente, para una mayor contención a las acciones homicidas que no necesitan quirófanos; a que siga en auge el bandolerismo que escapa a la persecución y proliferante la asociatividad criminal que lleva terror a los barrios. Se ha seguido llevando a las mafias del narcotráfico urbano a creer que disfrutan de licencias para matar; y a la violencia de género, precariamente tipificada, al estímulo de mantener a este país entre los de más altas tasas de feminicidios. Las posiciones irreconciliables de cara a un nuevo código tienen a la justicia desprovista de herramientas para castigar estructuras y entramados antisociales y a la delincuencia organizada. Impedida de caer a plenitud sobre autores intelectuales y materiales. Normas con más de 138 años de antigüedad constituidas en una amenaza a la seguridad ciudadana que las contradicciones mantienen a sus anchas en el país.
