Históricamente la mujer no ha sido considerada sujeto de derecho. A esto responde que quienes manejan lo público entiendan que el Estado, y no las mujeres, tiene derecho a obligarlas a tener un hijo en circunstancias fatales y dolorosas como cuando peligran sus vidas, cuando han sido víctimas de violación o incesto, o cuando el embrión presenta malformaciones incompatibles con la vida.

Se aduce la defensa de la vida como argumento, desdeñando la vida de la mujer y al contraponer un feto, vida potencial, que los médicos han señalado su imposibilidad de sobrevivencia, con la mujer, un ser vivo y con derechos, se le concede menos importancia a ella. La legislación actual en materia de interrupción del embarazo es de las formas más contundentes de violencia hacia las mujeres y a sus derechos humanos, tales como salud y dignidad.

Al considerar la despenalización o no del aborto el enfoque no debe ser religioso, debe partir de que es un problema de salud pública, dada la cantidad de mujeres que mueren en abortos clandestinos.

El abordaje debe ser democrático y tomar en cuenta la voluntad popular (sondeos reflejan mayoría apoya la despenalización), y de justicia social, porque las más afectadas con la penalización absoluta son las mujeres pobres, que carecen de recursos para abortar en centros médicos de calidad o para salir del país.

La penalización absoluta no ha sido una política efectiva para erradicar su práctica. Salud Pública incluye las complicaciones por abortos entre las causas principales de la mortalidad materna.

De todos modos, ante el nuevo Código Penal quienes luchan por los derechos de las mujeres están defendiendo la interrupción del embarazo en circunstancias muy específicas: cuando peligra la vida de la madre, cuando la mujer ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el embrión presenta malformaciones incompatibles con la vida.

La despenalización ante estas circunstancias no implica que se obligue a las mujeres a abortar, sino que ellas tengan la libertad de decidir y los médicos de actuar para salvar sus vidas.

Tampoco se trata de que el aborto sea visto como única ni primera opción. Falta que el Estado defina e implemente políticas públicas que respondan al derecho a la educación sexual y al acceso a métodos anticonceptivos. Estas demandas han sido enarboladas por décadas por organizaciones que abogan por la despenalización del aborto, pero dirigentes religiosos se oponen y los gobiernos se dejan intimidar.

Con la observación hecha por el presidente Danilo Medina al Código Penal aprobado, los congresistas tienen la oportunidad de acogerla y legislar así a favor de la salud, la vida y los derechos de las mujeres, poniendo la legislación dominicana a la altura de las internacionales y de la voluntad popular.