No hay dudas de que se trata de un gran logro que su actual Director General, Eduardo Sanz Lovatón, tiene derecho a cacarear por todo lo alto, pues haber incautado, hasta el pasado 17 de agosto, mas de 400 mil unidades de armas de fuego y municiones que se pretendían introducir de forma ilícita a territorio dominicano no es cualquier cosa. Pero también es una señal que esta sociedad, desgarrada por una violencia para la que no encuentra remedio ni respuesta, no puede darse el lujo de ignorar.

Y es que cuando uno piensa en el destino que pudieron haber tenido esas armas y municiones, que según el Director General de Aduanas superaron en mas de cien mil unidades a las decomisadas en el 2021, tiene necesariamente que preocuparse. Y mucho.

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Sobre todo cuando se piensa en la volátil situación de Haití, bajo el imperio de bandas armadas que se disputan a sangre y fuego el control de su territorio, situación que ha sido aprovechada por los traficantes de armas en los Estados Unidos, a tal punto que funcionarios federales revelaron recientemente que el número de armas que se introducen de forma ilegal en el país vecino ha alcanzado niveles sin precedentes en los últimos tiempos. Y conocida, por propios y extraños, la porosidad de nuestra frontera, es lógico suponer que el territorio dominicano también es utilizado en mayor o menor medida para suministrarle armas a las bandas criminales haitianas, actividad ilegal que el pasado 15 de julio el Consejo de Seguridad de la ONU pidió a los países miembros impedir.

Si eso está ocurriendo, algo que no puede descartarse, sería una desgracia por partida doble, pues por un lado estaríamos contribuyendo al caos que gobierna en Haití, lo que pudiera terminar acarreando graves consecuencias para nuestra propia estabilidad; y por el otro, permitiendo que muchas de las armas trasegadas, al igual como ocurre con las drogas, se queden aquí, donde irían a parar a las peores manos.