El presidente de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu) consideró ayer que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) supuestamente hace “un uso abusivo de las vías de derecho” al involucrar nuevamente a dos intervinientes forzosos con la intención de que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) no conozca el fondo de la demanda en nulidad contra el Decreto 420-23 que establece el Reglamento para el Registro Nacional de Vehículos de Motor y las licencias para los concesionarios.

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Destacó que en este caso DGII involucró al Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y a la IERD, y, debido a la no comparecencia del gremio empresarial, la audiencia se aplazó por tercera ocasión para el 7 de junio.

“Esos son actores que no tienen nada que ver con este proceso que, por su naturaleza, es de urgencia y se conoce máximo en dos audiencias precisamente porque hay un peligro en la demora contra los intereses económicos de un sector que aporta miles de millones de pesos y que afecta a centenares de empresas y miles de empleos”, dijo. El decreto data del 18 de septiembre 2023 y, aunque no está en vigencia, Asocivu pide su nulidad.