San Juan.- El Gobierno de Puerto Rico hizo público hoy el informe final del comité de transición en el que se presentan unas finanzas públicas caóticas y gestionadas sin rigor por el Ejecutivo saliente de Alejandro García Padilla que han llevado a una situación límite.
El informe, titulado Resumen Ejecutivo-Entorno Fiscal, dibuja un panorama desolador para las arcas públicas debido a una gestión del presupuesto del pasado Gobierno que cataloga de irresponsable y sin transparencia que hace necesarias medidas extraordinarias.
“Falta de transparencia, manejo irresponsable del presupuesto y carencia de responsabilidad fiscal” son los puntos que se apuntan que mejor definen el resultado del estudio divulgado hoy por el comité de transición nombrado por el actual gobernador, Ricardo Rosselló.
La lista de despropósitos que el informe atribuye al Gobierno de García Padilla en la gestión de las finanzas públicas incluye “improvisación, cero coherencia en la estrategia contributiva y ausencia de parámetros para definir lo que son servicios públicos esenciales».
En cuanto a cómo la economía afecta a la población se destaca que la renta per capita creció durante la pasada década solo un 8 %, muy lejos de lo obtenido por el estado más pobre de Estados Unidos, el de Misisipi, que creció un 25 %,. Además, la población activa o fuerza laboral se redujo en ese periodo un 10 % llegando a los niveles más bajos de los últimos 20 años. A esa situación, según el informe, ha contribuido el Ejecutivo saliente con la costumbre de “maquillar los presupuestos para esconder déficits en los últimos 3 años».
El informe resalta que al llegar al poder, hace 4 años, el Gobierno de García Padilla puso en marcha una forma de operar caracterizada por esconder el déficit. El comité de transición, según el informe, constató un déficit de más de 6.000 millones de dólares, que de seguir con la misma tónica de gestión del Gobierno saliente se hubieran situado alrededor de los 7.500 millones de dólares por ejercicio hasta 2019, un camino, se asegura, hacia “un colapso total de la operación gubernamental».
En cuanto a casos concretos de negligencia en las finanzas públicas, se recuerda que el presupuesto actual del Departamento de Educación no contempla el pago de una renta anual a la Autoridad de Edificios Públicos de 200 millones de dólares. La Autoridad de Carreteras adeuda a su proveedores más de 500 millones de dólares y la Autoridad de la Energía Eléctrica desembolso solamente el año pasado para consultores encargados de la reestructuración de su deuda 120 millones de dólares.
El Cuerpo de Bomberos creó 125 nuevos puestos de trabajo sin los ingresos de 3,2 millones de dólares que se necesitan para pagar las nóminas y la Policía no paga las horas extraordinarias a sus agentes, muestras, según el informe, de la gestión alejada de la realidad del anterior Gobierno.
Recuerda el informe que el Plan Fiscal presentado por el Ejecutivo de García Padilla a la Junta de Supervisión Fiscal fue rechazado por esta por no cumplir con los requisitos que establece la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, conocida como Promesa.
Además, desde la aprobación de Promesa -el pasado mes de junio- el Gobierno de la isla no ha mantenido contacto alguno con los acreedores del Estado Libre Asociado, a los que se adeudan cerca de 69.000 millones de dólares.
Las críticas también alcanzan al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), desde hace décadas brazo financiero del Gobierno, que como se apunta no cuenta actualmente con tesorería ni capacidad para operar.
Ante la situación descrita por el informe de “caos fiscal y presupuestario” se apuntan como estrategias la transparencia en el manejo de fondos públicos, la reestructuración del Gobierno e implementar un presupuesto de base cero, lo que significa la justificación de cada partida del gasto.