La exsupervisora del grupo de auditores que dictaminó que en la auditoría realizada al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de diciembre del 2017 no se detectaron irregularidades, declaró ayer en el tribunal donde se conoce el caso Antipulpo que lo hizo porque “me sentía un poco acorralada”.

Enlly Caridad Santos Ureña, presentada ayer como testigo a cargo del Ministerio Público, admitió que durante el trabajo de campo realizado en la institución que presidía Fernando Rosa, y tenía como vicepresidenta administrativa a Carmen Magalys Medina Sánchez, se detectaron anomalías en la nómina de empleados; retención del Impuesto sobre la Renta, y pólizas de garantías y de fiel cumplimiento.

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Explicó que esas anomalías se hicieron constar en el acta levantada por el equipo auditor, y presentada a los ejecutivos del Fonper (Rosa Medina Sánchez y el consultor jurídico de la institución) en reunión con ellos en la institución el 19 de marzo del 2019, y que todos la firmaron.

Agregó que “cinco días después” el director de Auditoría de la CC Henry Batista Santana, quien también había firmado el acta donde se detallaban los hallazgos, le llevó otra diferente pero con la misma fecha (19 de marzo del 2019), para que procediera a preparar el informe preliminar de auditoría, indicándole que así lo habría dispuesto el pleno.

Reveló que la primera acta donde estaban las observaciones tenía 16 páginas; y la segunda solo 12, pues eliminaron las observaciones. “Los puntos que salieron (en el informe) fueron solo los de la última acta” a la que le habían mutilado 4 páginas, dijo la testigo.

Reveló que por eso guardó la primera acta, y cuando explotó el caso Antipulpo voluntariamente la entregó al MP.