La auditoría especial que espera la Procuraduría Anticorrupción (Pepca) para hacer el depósito de la acusación formal contra los imputados en el caso Medusa está en la etapa final de su ejecución, informó el presidente de la Cámara de Cuentas Janel Andrés Ramírez Sánchez.
La experticia al Plan ejecutado durante la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez, es una de las principales bases de sustentación de la acusación de supuesta asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsear documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos que le hace el Ministerio Público al exprocurador y a varios de sus más cercanos colaboradores.
Fue solicitada a la CC en enero, e incluye el complejo llamado La Nueva Victoria, construido a un costo superior a los RD$6,000 millones, en el sector Las Parras, en el municipio Santo Domingo Norte.
A la espera de los resultados de esa auditoría, el pasado 2 de marzo la Pepca solicitó una prórroga de cuatro meses para depositar la acusación formal contra los encartados, que desde el 13 de julio del 2021 guardan distintas medidas de coerción preventiva.
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La jueza jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, solo le concedió al MP tres meses, contados a partir del día 8 del mismo mes.
Eso significa que la Pepca tiene hasta el 8 de junio en curso, a las 12:00 de la noche, para hacer el depósito del expediente acusatorio contra el grupo de encartados en el Caso Medusa, que desde el 13 de julio del 2021 los imputados se encuentra bajo distintas medidas de coerción preventiva.
A raiz del reclamo del asesor del Gobierno en asuntos Penitenciarios, Roberto Santana, para que presos que están en La Victoria en condiciones infrahumanas comenzaran a ser trasladado a la nueva cárcel, la procuradora Miriam Germán le recordó que está en proceso judicial.
La acusación
El Ministerio Público acusa a Jean Alain y a otros colaboradores cercanos suyos encartados en Medusa, de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsear documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.