Si es verdad, y no tengo porqué dudarlo, que esta es la primera administración en casi un siglo en decidir fiscalizarse a sí misma, como afirmó ayer el portavoz de la Presidencia Homero Figueroa, se debe esperar que por primera vez también se actúe en consecuencia en aquellas auditorías en las que las “irregularidades administrativas” encubran algún ilícito penal, como pidió ayer en rueda de prensa Participación Ciudadana, cuyos representantes opinan que el Ministerio Público debe examinarlas una por una para determinar en cuáles se cometieron infracciones y en cuáles hay malversación de fondos públicos.

Por lo pronto, el impacto provocado en la opinión pública por la publicación de las auditorías realizadas a 18 entidades públicas por la Contraloría General de la República ha provocado un avispero, y con razón, pues la mayoría de sus incumbentes han sacado muy malas notas, y es por eso que se entiende que se quiera suavizar ese pobre desempeño con el argumento de que las irregularidades son “subsanables”.

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Y en verdad no lo dudo ya que, por lo que se ve “por arribita”, se ha actuado a tiempo, antes de que las acciones de corrupción de las que podrían ser precursoras tomen forma concreta y definida, lo que no quita, insisto, que en aquellos casos en los que una mirada más atenta y escrutadora determine que hay ilícitos penales se proceda como manda la ley. Pero también como manda la transparencia que invoca, para justificar la decisión del Gobierno de hacer públicas esas auditorías, el señor Homero Figueroa.

Mientras tanto, los señalados en esta primera entrega de “transparencia sin precedentes” han salido a defenderse, a lo que tienen todo el derecho, pero algunas de las irregularidades e inobservancias señaladas son muy difíciles de defender y justificar, especialmente para aquellos que aspiran a cargos electivos donde tendrían mayores responsabilidades y presupuestos más generosos y tentadores.