Desde organizaciones de la sociedad civil tan representativas como Finjus y Participación Ciudadana se le pidió a la Contraloría General de la República que remita a la Procuraduría las auditorías donde se han detectado irregularidades, recordándole que su función no es solo presentar las auditorías que realiza en las instituciones públicas sino encaminar esfuerzos para acabar con la impunidad.

También le recordaron que la Ley 10-07 en su artículo 14 habla con claridad de la competencia de la Contraloría como órgano de control interno frente a las auditorías que realiza, estableciendo la responsabilidad de presentar las investigaciones con los antecedentes que justifiquen el apoderamiento, como representante de la acción pública, al Ministerio Público.

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Pero declaraciones recientes del Contralor General, Félix Santana García, apuntan a que eso está muy lejos de ocurrir, pues parece que el funcionario tiene una idea muy distinta del propósito de la publicación de sus hallazgos, además de ser una muestra de la transparencia con que este gobierno maneja los recursos públicos como proclama el presidente Luis Abinader.

Durante el acto, la semana pasada, en el que dejó abierta una Unidad de Auditoría Interna (UAI) en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Santana García declaró, y así lo publicó la prensa, que esa entidad está viviendo una nueva etapa luego de la publicación de los informes de auditorías debido a que los funcionarios públicos se esmeran en el desempeño de sus funciones para no ser señalados por el uso indebido de los recursos del Estado.

En Finjus y Participación Ciudadana hubieran preferido que dijera que se esmeran en manejarlos con pulcritud y honradez para no enfrentar la justicia y caer presos por corrupción, pero se van a quedar con las ganas de oírlo ya que no parece existir la intención de llevar ese esfuerzo de transparencia, que por supuesto se celebra y aplaude, hasta las últimas consecuencias.