Esa resolución fue aprobada en ausencia de los senadores del partido blanco, quienes abandonaron el hemiciclo antes de que se sometiera a votación. Sus proponentes eran -entre otros- los reformistas Adriano Uribe Silva, de la provincia San Cristóbal; Atilio Guzmán Fernández, Espaillat; Rodolfo Valdez Santana, La Altagracia; Yolanda A. Pimentel de Pérez, Peravia; Quirino Antonio Escotto, Dajabón; Bardolindo Pérez Rodríguez, Independencia; Víctor Manuel Rodríguez Tapia, Salcedo; Antonio de Jesús Moya Ureña, Duarte; Julio Sergio Zorrilla Dalmasí, El Seibo; Jacinto Pérez Acosta, Bahoruco; Hermes H. Quezada, Puerto Plata; Luis Hipólito Fontana T., Samaná; Marcos A. Jáquez Fernández, Sánchez Ramírez; José Pompilio García, Valverde; César Brache Viñas, La Vega y Fernando A. Hernández Pérez, Estrelleta.

El lunes 16 de septiembre salió a la luz pública un documento firmado por reconocidos cuadros emepedeístas respaldando la sanción impuesta por el comité central a Jorge Puello Soriano (El Men) y Davíd Onelio Espaillat Campos.

El principal organismo de dirección emepedeísta calificó de “alternativa dolorosa” la medida tomada contra Puello Soriano y Espaillat Campos, dos miembros meritorios que habían sido víctimas de persecución, encierro carcelario y maltrato sistemático durante los ocho años que Balaguer llevaba en el poder; pero alegó que la misma era indispensable para preservar la disciplina interna y los principios del centralismo democrático, de modo que sus componentes actuaran en todos los niveles de forma armónica, garantizando la identidad ideológica del partido y evitando cualquier dispersión en el proceso de rectificación en marcha.

El martes 20 de mayo de 1969 el Senado de la República ofreció su respaldo al doctor Joaquín Balaguer para que optara por un segundo mandato consecutivo en la administración del Estado, al atribuirle una “excelente obra gubernativa” durante casi tres años de gestión pública. El tema de la reelección fue introducido en esta sesión […]

La entidad estudiantil se llamaba Fragua y su dirigencia alegaba que los docentes eran esbirros intelectuales al servicio de la dictadura que carecían de la autoridad moral para enseñar y poseer posiciones académicas en una institución que se venía transformando en calidad, desarrollo democrático y sentido crítico desde que obtuvo su autonomía administrativa y financiera, mediante la Ley 5778, promulgada el 31 de diciembre de 1961 por el presidente del Consejo de Estado, doctor Joaquín Balaguer.