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Las autoridades del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocuparon dinero y armas a miembros de una red de lavado de activos, durante allanamientos simultáneos realizados en distintas zonas de las provincias San Pedro de Macorís y Hato Mayor.
Miembros de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, conjuntamente con agentes del órgano antinarcóticos, ocuparon durante la operación 355 mil 300 pesos, 9 mil dólares y 15 euros, así como armas de fuego.
También, aparatos electrónicos y diferentes documentaciones, incluidos cuentas bancarias, depósitos y títulos de propiedad.
Las evidencias fueron ocupadas durante allanamientos en una villa de la zona turística Juan Dolio, en San Pedro de Macorís, y en una finca de la provincia Hato Mayor.
Las acciones se ejecutaron en el marco de una investigación que llevan a cabo las autoridades contra la red, a la cual le habían ocupado el pasado 10 de febrero 19.39 kilogramos de cocaína en momentos en que pretendían sacarlos del país en dos carros clásicos, marca Oldsmobile, años de fabricación 1983 y 1984.
El Ministerio Público indicó que en el transcurso de las pesquisas de este caso ya fue sometida por la jurisdicción de Santo Domingo Oeste Llérica García Paniagua, quien fungía como parte operativa de la red y quien pretendía sacar del país la sustancia en los referidos vehículos. Esta imputada recibió como medida de coerción una garantía económica, por encontrarse en estado de gestación.
También, Martín Andrés Rodríguez, de nacionalidad argentina, y el peruano Nicanor Sucasaca, ambos con prisión preventiva.
Las autoridades explicaron que trabajan en la localización y captura de otros miembros de la red que se encuentran prófugos.
La investigación de lavado de activos, con delito precedente de narcotráfico, busca desarticular la red criminal que operaba con el envío de drogas desde la República Dominicana a diferentes lugares, como Hong Kong, destaca un comunicado de prensa divulgado por el Ministerio Público.
Igualmente, las autoridades buscan identificar bienes muebles e inmuebles obtenidos producto de la actividad ilícita, así como lograr el cierre operativo de las empresas de fachada creadas por la estructura criminal.
