Todo el debate derivado de la interpretación de la Ley No. 1-24 ha sido estructurado sobre criterios permeados por la coyuntura electoral. Y como de costumbre, los ciudadanos terminan sin la información suficiente y adecuada sobre la recientemente promulgada norma debido a la carga de un reloj electoral conducido por los compromisos de febrero y mayo.

Aspectos asociados a la privacidad, derechos fundamentales e instrumentalización de los aparatos de investigación con interés de limitar las libertades individuales no tienen razón de ser en pleno siglo 21. Por el contrario, la tendencia de restringir prácticas vinculadas a la cultura autoritaria en contra un cuerpo de legislación y toma de conciencia ciudadana de frente, ampliando derechos en interés de compensar tantos abusos patrocinados por gobiernos y autoridades que violentaron normas y principios durante años.

En el terreno de los hechos, si los artículos de mayor impugnación a la Ley No.1-24 se concentran en el ámbito de parte del contenido del 11, 49 y 70, lo sensato es enviar al congreso la intención del ejecutivo alrededor de despojar la carga de inconstitucionalidad relativas a derechos fundamentales, y a la vez, adicionar mediante un reglamento todos los elementos que preserven la integridad del ciudadano, impidiéndole a los estamentos de poder cualquier acción que nos devuelvan a episodios caracterizados por darle a los gobernantes la oportunidad de atropellar y reducir las libertades y derechos democráticos.

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Aquí prevalecerá la sensatez, tanto el ordenamiento constitucional como el auténtico interés por garantizar las libertades conocen la madurez del modelo democrático y los muros institucionales, con la suficiente capacidad de negociación para revestir la pieza legislativa de toda clase de garantías. Ahora bien, lo que llama la atención es la olímpica inobservancia de nuestros legisladores y marcada intención de una oposición que aprueba la ley, pero el liderazgo de sus respectivas organizaciones hace cuestionamientos más pautados por las ventajas electorales que el deseo de liquidar los aparentes excesos de la disposición legal.

Jugar a la política tiende a dañar los mecanismos de discusión sensata alrededor de los grandes temas de nación. Además, si el sentido electoralista lo está pautando todo, desde el oficialismo resulta pertinente evitar entregarle a la oposición en bandeja de plata los argumentos para colocar contra las cuerdas y/o asociar la idea de que la actual administración estimula una ley que conculca derechos fundamentales y privacidad de los ciudadanos.