Buenos Aires.– La decisión del juez estadounidense Thomas Griesa de autorizar al Citibank el pago de los bonos en dólares bajo legislación argentina ha dado un respiro al Gobierno de Cristina Fernández, en el conflicto por el pago de la deuda soberana que quedó en mora tras la crisis de 2001.

Griesa autorizó hoy el pago de Citibank a tenedores de bonos de deuda emitidos en dólares bajo legislación argentina, aunque dio treinta días de plazo a los fondos especulativos para intentar revocar esta decisión.

Aunque el juez Griesa no emitió un fallo definitivo, el banco evitará de momento enfrentarse a las sanciones que las autoridades argentinas habían amenazado con imponer a Citibank en caso de no pagar el próximo 30 de septiembre, fecha en la que se cumple un nuevo plazo de vencimiento de deuda.

La decisión del magistrado cerró una semana en la que el Ejecutivo de Fernández elevó sus quejas en Naciones Unidas por el litigio que mantiene con los fondos buitre, que reclaman al país suramericano en los tribunales de Estados Unidos el pago completo de 1.300 millones de dólares, más intereses.

En su intervención en el pleno de la Asamblea General de la ONU el pasado miércoles, Fernández calificó a los fondos especulativos de “terroristas económicos” y pidió la aprobación de un nuevo marco legal para las renegociaciones de deuda.

La mandataria denunció que Argentina está siendo “acosada” por los fondos buitres “con la complicidad del sistema judicial» estadounidense, en concreto por el juez Griesa.

Esos fondos, dijo, se dedican a comprar títulos de países en suspensión de pagos para después “entablar juicios” y obtener ganancias “exorbitantes”, llegando en este caso a buscar una rentabilidad “del 1.608 por ciento en cinco años, en dólares».

También en el marco de la Asamblea General de la ONU, la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Latinoamérica, Roberta Jacobson, admitió que la relación con el país suramericano pasa por un “periodo difícil».

Jacobson, sin embargo, puntualizó que el litigio que mantiene el Gobierno argentino y los fondos de inversión no es un problema político bilateral, sino un asunto judicial.

De igual manera, la embajada alemana en Buenos Aires desligó al Gobierno del país europeo de la polémica publicidad promovida por fondos especulativos contra Argentina, en la que se citaban palabras de un ministro alemán.

Fuentes de la embajada consultadas por Efe aseguraron que el país europeo no tiene “relación” con lo sucedido y subrayaron que las relaciones entre ambos países son “tradicionalmente buenas». Las “fricciones” diplomáticas con ambos países han sido criticadas por dos de los principales candidatos a suceder a Fernández al frente del Gobierno Argentino en las elecciones presidenciales de 2015.

“Salimos al mundo y en un par de horas nos peleamos con Estados Unidos y Alemania. Ese no es el camino”, dijo hoy el líder del partido Propuesta Republicana (Pro) y actual alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, en declaraciones a una radio local.

Por su parte, el diputado del Frente Renovador Sergio Massa aseguró que “el destino económico de Argentina es con el mundo, no contra el mundo”, y advirtió que “las relaciones con países como Estados Unidos y el bloque europeo son fundamentales».

El litigio en tribunales de Nueva York con los fondos de inversión especulativos elevó también esta semana la tensión cambiaria en el país suramericano.

El valor del dólar en el mercado negro -que floreció tras las restricciones impuestas en 2011- tocó este miércoles un récord de hasta 15,95 pesos por unidad, mientras que la cotización oficial permanece desde hace semanas en 8,41 pesos, con lo cual la brecha es de casi el 90 %.

Argentina se encuentra inmersa en un conflicto por el pago de la deuda soberana que quedó en mora tras la crisis de 2001, debido al litigio en Estados Unidos con un grupo de fondos especulativos que no aceptan las quitas de las reestructuraciones de 2005 y 2010 (aceptadas por el 92,4 % de los bonistas) y reclaman cobrar el monto íntegro.

El juez neoyorquino Thomas Griesa falló a favor de los litigantes, pero Argentina alega que no puede cumplir la sentencia porque desencadenaría un aluvión de demandas por parte del resto de bonistas.