Jesús Batista Suriel

Es justo reconocer que la seguridad de los ciudadanos no es solo un asunto de la policía, debe involucrar a todas las instituciones públicas y privadas y a la comunidad en general. La seguridad es responsabilidad de todos. Sin embargo, el Presidente de la República, a través del Ministerio del Interior y la Policía, es quien tiene la autoridad legal y constitucional para desarrollar estrategias que garanticen la paz y seguridad de las familias dominicanas.

Al gobierno anterior no le interesaban temas como seguridad ciudadana, transparencia, justicia, identidad nacional, medio ambiente y fortalecimiento institucional. Pero si nos dejaron mucha desigualdad y conflictos sociales que conducen a mayores niveles de delincuencia y pobreza.

La corrupción y la falta de transparencia del gobierno anterior estaban generalizadas en la administración pública. Resaltó la influencia de la élite política, corrupta y económica. Y, como siempre, la sociedad civil controla en última instancia gran parte del gobierno. Y es la clase política la que paga los platos rotos.

La administración anterior estaba altamente centralizada y no permitió a los municipios lograr la descentralización económica prevista en la constitución y la ley. El Ministro del Interior implementa la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia, en la que alcaldes y autoridades provinciales son los principales actores. Estas autoridades tienen muy claro que el control del crimen es local.

Ejemplo de esto son las estrategias con mesas de seguridad, ciudadanía y género, la prioridad es enfrentar el crimen. Asimismo, declaró de alto interés nacional la formulación de políticas para combatir la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas dominicanas.

Para que estas propuestas sean aplicables y factibles, debe existir una buena coordinación entre las instituciones. Coordinación entre las instituciones gubernamentales en esta área en términos de implementación de estrategias, coordinación, planes e iniciativas productivas y relevantes. Además, el diálogo entre el gobierno central, las autoridades provinciales con la participación de los municipios son siempre oportuno y necesario.

Las TIC como herramientas demuestran su eficacia y eficiencia en la prevención y condena de delitos. Además, está más que probado que se trata de un instrumento económico a largo plazo. Las autoridades locales deben utilizar las TIC en sus comunidades para mantener seguros a sus ciudadanos. Por lo tanto, sería ideal, legal, justo y correcto, que el gobierno central financie estos procesos o cumpla con la ley. Es hora de que las autoridades locales reciban el 10% de la asignación presupuestaria estatal establecida por la Ley 166-03

El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, está desarrollando una cultura de prevención y seguridad diferente, eficiente e inteligente. Esto se refleja en los compromisos y acciones emprendidos en relación con la seguridad de los ciudadanos. Aborda este problema de forma correcta y adecuada. Estas autoridades entienden que la seguridad ciudadana es muy importante.

La lucha contra la delincuencia debe ser local, en gran parte porque los alcaldes, concejales y otros funcionarios locales que viven en la zona pueden responder rápidamente a las demandas de los ciudadanos. Conocen las amenazas y todos los vecinos del barrio. El papel principal del gobierno central debe ser ayudar a crear las condiciones para las autoridades locales, la policía nacional, los gobernadores de las provincias, la sociedad civil a través de las Juntas de Vecinos y, lo más importante, apoyarlos cuando el crimen cruza las fronteras.

El crimen y la violencia ya no pueden determinar nuestras decisiones sobre lo que hacemos o no hacemos. Solo luchando contra el crimen podremos lograr una mejor calidad de vida y soñar con disfrutar de nuestro bienestar en el futuro. Nunca nos desarrollaremos con incertidumbre y miedo. Si el sentimiento de miedo persiste, probablemente reaccionaremos con altos niveles de estrés todo el tiempo. Esto puede tener efectos traumáticos en la vida cotidiana. El crimen definitivamente afecta la calidad de vida de las personas.

La policía debe estar a la vanguardia de la lucha contra el crimen. Sin embargo, la policía y el gobierno central no son los únicos actores. Lo ideal, inteligente y sensato es que el gobierno local trabaje de la mano del gobierno nacional, las autoridades provinciales, las asociaciones de vecinos y la policía nacional. Solo así podremos crear una herramienta realmente eficaz para prevenir y combatir la delincuencia. Lo más importante es que el Ministerio del Interior y la Policía trabajan en esa dirección.