El Banco Popular celebró su asamblea general ordinaria anual de accionistas , en la cual informó que cerró el pasado año 2017 con importantes desarrollos sustentados en el incremento del volumen de negocios y la reducción de gastos operacionales, según lo establecido en su Plan Estratégico.

Estos logros, que fortalecieron aún más la organización bancaria, se obtuvieron manteniendo la calidad de los activos y el índice de riesgo más bajo de la banca dominicana, así como elevados niveles de liquidez, eficiencia y solvencia.

En este contexto positivo, constituida la asamblea tras comprobarse el quórum reglamentario, los accionistas del Banco Popular conocieron y aprobaron el Informe escrito de la gestión del consejo de administración, en el cual se les informó de cómo la entidad financiera siguió contribuyendo en 2017 al crecimiento de los sectores productivos y comerciales del país, así como apoyando las aspiraciones de miles de clientes personales.

Los asambleístas también aprobaron los estados financieros que muestran la situación de los activos y pasivos de la sociedad, sus temas procedentes, la resolución de otras cuentas y balances, y el informe escrito de la Comisaria de Cuentas.

Aprobada la gestión del Consejo de Administración del ejercicio social transcurrido en 2017, se dispuso lo relativo a la distribución de las utilidades y dividendos.

En adición, los asambleístas acordaron nombrar por un periodo de tres años a los miembros del Consejo de Administración que conforman el Grupo III, compuesto por los señores Salustiano Acebal, José Armando Bermúdez, Andrés Bobadilla y Alejandro Santelises. En adición, se ratificó la designación del señor Alex M. Pimentel como miembro del Consejo de Administración, dentro de este Grupo III, también por el período de tres años.

Asimismo, aprobaron contratar a la firma PriceWaterhouseCoopers para realizar las auditorías externas del banco; definieron los objetivos anuales de la entidad bancaria; conocieron el presupuesto para el año corriente, sometido con el Consejo de Administración, y el Informe Anual sobre Cumplimiento del Programa de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, según lo dispuesto por lo reguladores del sistema financiero.