Las instancias del Estado dominicano tienen como función principal facilitarle a la ciudadanía el acceso a información, servicios y derechos. Estas funciones no deben estar reducidas a determinados sectores o estratos sociales, sino a toda la población en su conjunto.

Lamentablemente esta función constitucional del Estado dominicano no se cumple. Las distintas instancias estatales establecen una serie de barreras.

Una de ellas es el acceso a información a pesar de que existe una ley. Para conseguir que una instancia del Estado ofrezca información hay que valerse de relaciones primarias y/o relaciones políticas.

Quienes no tienen relaciones primarias y/o políticas en instancias del Estado tienen muchas dificultades para acceder libremente a sus servicios e información.

Otra barrera en la relación Estado – ciudadanía es el protocolo de vestimenta existente en las instancias del Estado para personas que trabajan como servidores públicos, así como para la ciudadanía en general que requiere de los servicios que se ofrecen en las distintas instancias.

Puede leer: ¿Por qué violencia en las escuelas?

El personal de seguridad en todas las oficinas públicas, escuelas, hospitales, ministerios e instancias del Estado se encarga de revisar la vestimenta, zapatos, peinados, accesorios que llevan las personas que acuden allí en su pleno ejercicio ciudadano.

Las personas pobres que llegan a buscar un servicio se encuentran con la barrera de la elitización del acceso al Estado. Se le exige que deben usar un tipo de vestimenta, zapatos y peinados que no se corresponde con sus condiciones socioeconómicas y su contexto social. En muchos casos provienen de comunidades rurales y barrios desde donde han tenido que buscar dinero prestado para pagar transporte atravesando múltiples situaciones de dificultad en su movilidad, transporte y horarios para encontrarse con expresiones como “usted no puede entrar así”.

El protocolo de vestimenta es una violación a los derechos ciudadanos y a la naturaleza democrática del Estado dominicano. Su aplicación conlleva prácticas discriminatorias para las personas vulnerables donde las mujeres y adolescentes son las más afectadas. Esto afecta no solo a quienes solicitan los servicios sino también a las personas que trabajan como servidores públicos que deben invertir una parte de su salario en adquirir vestimentas, zapatos, carteras que deprimen sus ingresos y agudizan sus “deudas permanentes” para adquirir un estatus de “servidor público” elitista y negador de nuestra realidad.

Si bien se requiere de conductas éticas transparentes y definidas desde el “servicio público” en el Estado, esta no se logra con la “apariencia que se ha impuesto desde el uso de determinadas vestimentas “formales”, por el contrario, se convierte en un “velo” que esconde sus prácticas contradictorias. Como bien plantea el refrán: “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”.