En el más reciente informe presentado por la misión de evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el contexto del Artículo IV, se estableció la necesidad de producir una Ley de Responsabilidad Fiscal en nuestro país.

Ese planteamiento no es nuevo. En la primera legislatura del 2014 fue introducido al Congreso Nacional un proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal que buscaba establecer las reglas y condiciones para el logro de una prudente, responsable y transparente gestión financiera del Estado. Al mismo tiempo, se planteaba establecer la estructura institucional encargada de la aplicación y supervisión del régimen de responsabilidad y transparencia fiscal, así como el sistema de consecuencias que se derivara de su inobservancia, violación o no aplicación.

El proyecto no logró ser convertido en ley.

Una ley de responsabilidad fiscal trata, entre otros aspectos, de establecer reglas formales que restrinjan el comportamiento de las autoridades económicas en relación con la política fiscal que debe permanecer por un periodo prolongado y que se diseña en función de un indicador de los resultados fiscales globales. Estas reglas se clasifican en función de cuatro conceptos claves: 1) gasto público; 2) balance fiscal; 3) deuda pública, o 4) ingresos fiscales.

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Las reglas del gasto público establecen un límite numérico al gasto total, primario o corriente, expresado por lo general como porcentaje del PIB. En el caso de las reglas de balance fiscal, se trata de limitar la magnitud del déficit fiscal con el propósito de mantener la sostenibilidad de la deuda pública. Por su parte, las reglas de deuda establecen un tope al nivel de deuda pública en relación con el PIB. Finalmente, las reglas de ingreso establecen límites, por abajo o por arriba, sobre los ingresos fiscales; su propósito es aumentar los ingresos fiscales o evitar una carga tributaria excesiva.

Cada una de estas restricciones tienen sus ventajas y sus desventajas; por esa razón, los países que han adoptado leyes de responsabilidad fiscal, por lo general, hacen una combinación de restricciones simultaneas. Un ejemplo son las reglas que se establecieron en el Tratado de Maastricht, precursor de la Unión Europea. Se instituyó que el déficit presupuestario anual de un país del grupo no debía exceder del 3% del PIB, mientras que la deuda pública no debía superar el 60%.

El propósito es garantizar la estabilidad de las finanzas públicas, evitando el endeudamiento excesivo y promoviendo la disciplina fiscal a largo plazo. Como resultado, se genera confianza en los inversores, y puede ayudar a mantener tasas de interés bajas, promoviendo así el crecimiento de la economía.

Además, una ley de responsabilidad fiscal fortalecería los mecanismos para garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos, y contribuiría a consolidar la rendición de cuentas.

Sin embargo, se debe ser consciente de que una ley de responsabilidad fiscal puede limitar la capacidad del gobierno para invertir en áreas prioritarias como infraestructura, educación o salud; pues al establecer límites estrictos al gasto podría dificultar la asignación de recursos necesarios para el desarrollo social y económico del país.

Asimismo, en periodo de recesión económica, una ley de responsabilidad fiscal puede ser contraproducente debido a que, al imponer límites de gasto, limita que el gobierno implemente las medidas fiscales expansivas necesarias para estimular la economía y contrarrestar la recesión.

Una muestra de las inconveniencias de establecer las referidas reglas, es la situación a que ha tenido que enfrentarse los países de la Unión Europea para hacer frente a la crisis generada por la pandemia de COVID-19. En la casi totalidad de los países se superó el déficit fiscal de 3% del PIB, alcanzando un promedio de 6.7% en 2020 y colocándose en 3.4% del PIB en 2022. Esa situación se ha expresado en una superación del límite del nivel de deuda de 60% del PIB.

Una ley de responsabilidad fiscal sería una señal inequívoca de compromiso con la estabilidad de la economía. Reduciría los riesgos de déficits excesivos y de acumulación de deuda pública. Asimismo, consolidaría la transparencia y la rendición de cuentas. En suma, sería beneficiosa para la inversión, el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida de la población.

Sin embargo, no se puede perder de vista las inconveniencias.