El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó este martes amor por su hijo Hunter Biden después de que fuera acusado de poseer ilegalmente un arma y de haber pagado tarde sus impuestos en los años 2017 y 2018.
Biden no hizo esas declaraciones directamente, sino a través de uno de los portavoces de la Casa Blanca, Ian Sams.
“El presidente y la primera dama aman a su hijo y le apoyan mientras sigue intentando reconstruir su vida”, dijo en un comunicado el portavoz, quien rechazó hacer comentarios específicos sobre el caso judicial.
Horas después, la prensa preguntó repetidamente al presidente sobre los cargos contra su hijo durante un evento en San Francisco (California).
Al principio, Biden no contestó a las preguntas, sonrió y se mantuvo callado; pero, después, ante la insistencia de los periodistas, dijo- “Estoy muy orgulloso de mi hijo».
El fiscal de Delaware (EE.UU.) David Weiss hizo público este martes un escrito judicial en el que se dan a conocer los cargos contra el hijo de Biden.
De acuerdo a ese documento, Hunter Biden ha aceptado un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable de dos cargos relacionados con los impuestos.
En virtud del acuerdo de culpabilidad, Hunter Biden, de 53 años, admite no haber declarado al fisco los ingresos que recibió en 2017 y 2018, y no haber pagado por ellos, a cambio de que los fiscales recomienden la libertad condicional para él, con lo que podría evitar entrar en la cárcel.
El arreglo también incluye lo que en el argot judicial de EE.UU. se denomina “desvío previo al juicio” en lo que se refiere al cargo de posesión ilegal de un arma de fuego. Ese mecanismo sirve para esquivar un enjuiciamiento tradicional y que el acusado pase a un programa de supervisión comunitaria.
Si un juez federal acepta el acuerdo, esto podría suponer el fin de la investigación a Hunter Biden, que ha salpicado a su padre, cuyos rivales políticos han utilizado estas pesquisas para arrojar dudas sobre los negocios del hijo en el extranjero y para describir a la familia de presidente como corrupta. Esta investigación se abrió en 2018 durante el mandato del expresidente Donald Trump (2017-2021) y ha sido utilizada por los republicanos desde 2020 para atacar al presidente demócrata, al que acusan de no haber hecho ningún esfuerzo para llevar esta indagación hasta el final.