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Ministerio Público cuenta con prueba internacional que sustenta solicitud de medida de coerción contra imputados en Operación Búfalo
El Ministerio Público cuenta con prueba internacional que sustenta la solicitud de medida de coerción contra Rafael Ynoa Santana, alias el Cojo, Pocho o el Don, y demás imputados en la red de narcotráfico internacional, vinculada a organizaciones criminales colombianas y mexicanas, desmantelada mediante la Operación Búfalo NK.
De acuerdo con el el órgano acusador, este es el primer caso en el que, a través de cooperación jurídica internacional, se utilizan pruebas comunes aportadas por Colombia para fortalecer la investigación en la República Dominicana.
El fiscal Miguel Collado, adscrito al Departamento de Persecución del Ministerio Público, explicó que, aunque el órgano acusador estaba listo para conocer la solicitud, la jueza Fátima Veloz decidió acoger la solicitud de aplazamiento. Sin embargo, Collado destacó que el Ministerio Público cuenta con pruebas suficientes, incluyendo una sentencia de Colombia, vinculada a la red de narcotráfico.
“El Ministerio Público, junto con las agencias investigativas de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ha dado seguimiento a esta estructura desde 2019. Esta organización intentó movilizar drogas en 12 ocasiones, de las cuales 5 fueron interceptadas, resultando en el decomiso de 1,400 kilos”, señaló Collado.
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó la audiencia para el viernes 27 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, a solicitud de los abogados de los imputados, quienes pidieron tiempo para preparar sus presupuestos de defensa.
El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva y declaratoria de caso complejo contra Rafael Ynoa Santana e Isidoro Rotestan Clase, alias el Men, identificado como su socio. De igual modo para los imputados Juan Bolívar Hernández, Juan Antonio Toribio, Juan Henríquez Tavárez, Seriano Núñez Pichardo, Germania Mercedes Natalia Román, Maritza Flete Santana, Robert Nicolás Aosta Adames y Cristian Esteban Alcántara Javier.
En la instancia de más de 200 páginas, los fiscales sostienen que el caso tiene todas las características de crimen organizado, al tratarse de una investigación por la comisión de delitos como lavado de activos y asociación de malhechores, materializados a través de un entramado dirigido a cometer crímenes graves.
El grupo fue arrestado durante un operativo simultáneo desplegado por aire, mar y tierra en las provincias de Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná, realizado por miembros del Ministerio Público y la DNCD, con el apoyo del Ministerio de Defensa, organismos de inteligencia del Estado, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de los Estados Unidos.
Según la solicitud de medida de coerción, los imputados movilizaron grandes cargamentos de drogas desde Colombia y Venezuela hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, utilizando lanchas rápidas y barcos pesqueros.
El documento sostiene que, una vez las sustancias ingresaban a territorio dominicano y puertorriqueño, se organizaban las logísticas para su envío a Estados Unidos y Europa, donde el valor de los narcóticos se triplicaba, generando ganancias exorbitantes para la organización criminal.
Durante la investigación, se comprobó que Ynoa Santana mantenía vínculos con el colombiano Juan Carlos López Macías, alias “El Sobrino”, cabecilla de una organización de narcotráfico internacional. “El Sobrino” fue arrestado el 27 de junio de 2022 durante la Operación Troya, realizada simultáneamente en varias ciudades de Colombia.
