¿Buscan aprobar el voto militar en R.D.?

Por: Julio Á. Vargas Jiménez

¿Buscan aprobar el voto militar en R.D.? La idea de permitir el voto de militares y policías en la República Dominicana no es nueva, mucho menos novedosa, obedece a la tendencia de aplicar modelos extranjeros en un contexto sociopolítico nacional que no posee las mismas condiciones (aunque parecidas -sí-) de sus respectivos países de origen.

Esta propuesta se sustenta en la justificación de que, al no poder ejercer el sufragio un miembro de las fuerzas castrenses, es relegado a ser un ciudadano de segunda categoría y se le coacciona un derecho universal.

A grandes rasgos, a los ojos de los defensores del voto militar esta es una prerrogativa que tienen los ciudadanos comunes ante los miembros de estos organismos de seguridad del país, pero precisamente su condición de miembros de estas instituciones es la que les exige mantenerse imparciales ante cualquier partido político y obedecer al Estado de manera pura y simple, sin vicios ni sesgos de simpatía político-partidista.

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Para ser justos, en la República Dominicana ya existen otros grupos que pelean por el reconocimiento de lo que entienden son sus derechos, como los miembros de la comunidad LGBTIQ+ o los que apoyan la interrupción voluntaria del embarazo en las mujeres, solo para poner un ejemplo. Agregar esta discusión en este momento sería una carga innecesaria para la agenda legislativa actual.

Aunque muchos pensarían que si se piensa discutir una modificación constitucional ¿Por qué no incluir todos los temas pendientes? Por la sencilla razón de que sería demasiado trabajo para terminarlo, incluso en cuatro años, y actualmente se espera poder priorizar y agilizar temas que han frenado el desarrollo y la modernidad de la vida social y democrática de la República Dominicana. El propio Código Penal es un vivo ejemplo de esto.

Ciertamente países como Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador y Perú que permiten el voto militar aunque con ciertas restricciones son usados como ejemplos de que es positivo aceptar que estos grupos voten -incluso poniendo como ejemplo que Argentina y Chile pasaron por dictaduras-, pero también hay casos como Colombia, Paraguay, Honduras y Guatemala que aún no asumen esta posición. Es decir, el hecho de que un país acepte el sufragio de los policías y militares y otro no, no significa nada más allá de una decisión que obedece a las condiciones sociopolíticas y culturales de ese país en específico por lo que, no es una razón válida para incidir en nuestras consideraciones.

Sin embargo, es importante reconocer que la situación en las demás naciones nos pueden dar un ejemplo; aunque no sería determinante tampoco ¿Por qué? Casos como el de Estados Unidos en los que la urnas son llevadas incluso hasta las bases militares podrían considerarse como un modelo exitoso, no obstante, también podemos observar a Venezuela dónde el expresidente, Hugo Chávez, permitió el voto militar e hizo otras concesiones a los miembros de las Fuerzas Armadas que lo ayudaron a mantener el control del país. En la actualidad, muchos de los ciudadanos de esa nación concuerdan en que el modelo de gobierno vigente se mantiene precisamente gracias a la influencia militar.

Precisamente ese es el problema, la influencia militar en estos casos. El militarismo es definido como “El control de los militares sobre los civiles” y en esencia la prohibición del voto a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía de un país es exactamente lo contrario, el “Control de los civiles sobre los militares”, pues lo que se busca con esto es que los agentes y soldados del orden se mantengan fieles a un Estado o Gobierno independientemente de que sean del partido político de su preferencia o no y que se fomente el proselitismo a base de dádivas, prebendas, favores o incluso por mantener su sustento y el de su familia.

Esto sin mencionar que los policías y militares tienen autorización para el uso de la fuerza con tal de someter al ciudadano a la obediencia civil y ¿Quién decide cuándo un individuo está causando desorden público en primera instancia? En el caso de la Policía Nacional su propia Ley Orgánica establece que la institución está bajo el mandato directo del Poder Ejecutivo y en el caso de los militares estos responden a un ministro nombrado por el propio presidente que inicialmente representa a un partido político.

No podemos asegurar que la relación de mando una vez se apruebe esta decisión sea directa al partido de gobierno, pero recordemos cómo se encuentran países como China o Corea del Norte al estar bajo el único mando de las autoridades de un partido o también Rusia y Alemania (dejaré la percepción de si estos países están bien o mal enteramente al criterio del lector, quien decidirá si es conveniente o no).

Las dictaduras, los regímenes autoritarios y represivos se dan cuando un gobernante (o partido) concentra todo el poder bajo su propio criterio, por eso hay que tener cuidado con las libertades que se conceden a los gobernantes en la democracia (más en los estados de emergencia cómo vive la República Dominicana) -de nuevo, no digo que este sea el caso, pero es bueno tenerlo pendiente-.

Pero, ¿A qué viene todo esto? Recientemente se ha revivido este debate en el país, y el abogado, ex juez titular de la Junta Central Electoral (JCE), que aspiró a dirigirla, y miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eddy Olivares, volvió a pronunciarse de acuerdo a que se permita el voto de policías y militares en la República Dominicana. 

No me atreveré a cuestionar las razones de su planteamiento, que quizá -o seguramente- tenga todos los fundamentos necesarios para sustentar su criterio, sin embargo, sí me atrevo a cuestionar la prudencia de estos por las razones anteriormente expuestas.

Asimismo, me permito recordar que en momentos en los que el presidente, Luis Abinader, habla de buscar este mismo año (lo que me parece realmente imposible) una reforma constitucional para “Blindar” un Ministerio Público Independiente, el experimentado abogado trae de nuevo el tema al debate siendo él quien en 2018 reveló en una publicación en un diario digital del país como hombre cercano al expresidente, Hipólito Mejía, que el exmandatario se pronunciaría a favor de una modificación a la Carta Magna a partir del 2020 en busca de permitir el voto de policías y militares.

Esta es, precisamente, mi preocupación, que en momentos en los que el presidente, Luis Abinader, expresa su intención -prácticamente de la nada y sin avisar- de modificar la Constitución para un punto muy específico, un hombre muy cercano a un dirigente del partido de gobierno que a su vez es muy influyente en las cúpulas político-partidistas posicione nuevamente un tema espinoso del cuál este dirigente ya se ha pronunciado a favor. Tal vez sean demasiadas coincidencias.