Sahel Abreu 
Sahel Abreu Santos
SAHEL019@GMAIL.COM/ @SAHELABREU
La República Dominicana está en un momento histórico de su soberanía. En tan solo 19 días se celebrarán unas elecciones que para todos es compleja, dado el alcance y magnitud de todos los espacios del poder del Estado que han de ser elegidos.
Ante este panorama, nos encontramos con la presencia de actores nacionales e internacionales que parecieran en buen dominicano tirar un jabón al sancocho.
Así interpreto las presiones de miembros de la sociedad civil y el interés de otros gobiernos, como el de los Estados Unidos, que demandan realizar una auditoría del escrutinio de los votos.
En mi visión, aumentar la presencia de delegados y de observadores internacionales representa claramente un peligro para la democracia del país y constituye un atentado a la Constitución de la República.
El solo hecho de permitir que sectores externos participen en el conteo de los votos, durante las elecciones generales del 15 de mayo, más que aportar a la legitimidad del proceso mismo, es una provocación a la libertad que tanta sangre le ha costado al pueblo dominicano.
Y es que esta manera de operar de ciertas figuras de la vida nacional me remonta, a propósito de que estamos en el mes de abril, a pensar en las causas del 1965 y en un contexto social similar por la presencia de sectores que apelaban a sus intereses particulares más que a la soberanía nacional y al bienestar colectivo.
Fueron estas acciones que luego de la guerra Civil nos llevó a una intervención por tropas estadounidenses bajo la excusa de la búsqueda de la paz.
Las reglas del juego en el marco electoral están claras en las leyes y en los reglamentos y normativas. Prestarnos a la improvisación o ceder a las presiones de grupos pudiera concluir manchando la legitimidad del proceso o prestarse a intereses no saludables. Si existiera un interés de aportar a la causa de la democracia y la transparencia antes de emitir opiniones o propuestas a las ligeras estas deberían ser sopesadas en el marco de la ley.
Ningún gobierno, por más amigo que sea, puede presionar a la Junta Central Electoral y al Estado dominicano para que haga el proceso electoral, conforme a los criterios que ellos podrían tener. Hacerlo desborda las atribuciones de cualquier representación de un gobierno extranjero.
Para evitarlo, es necesario que cada quien juegue el papel que deba de jugar en este procesos eleccionario: que los observadores se limiten a sus funciones, que la Junta Central Electoral cumpla con lo establecido en las leyes y que la agenda de países con intereses politiqueros en el país sean llamados a capítulo por todos los estamentos del Estado.
Sólo así tendrán sentido hoy las palabras de nuestro glorioso himno nacional: ¡Salve! el pueblo que, intrépido y fuerte, a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió.
