El horrendo crimen perpetrado contra la oficial de la Policía Nacional Mercedes del Carmen Torres Báez, adscrita a la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), así como otros salvajes asesinatos cometidos recientemente hacia mujeres, hombres y niños en estado de indefensión, subrayan la imperiosa necesidad de sacar de las calles a los criminales empedernidamente peligrosos, sin apelar al intercambio de disparos y garantizando el debido proceso de los acusados.

Ya es hora de sentar jurisprudencia para sancionar drásticamente y prevenir hechos tan abominables como el ocurrido a la señora Torres Báez, la agente policial herida mortalmente de múltiples disparos a manos de delincuentes presumiblemente para robarle el arma, mientras prestaba su acostumbrado servicio de tránsito en Villa Mella.

La justicia dominicana luce impotente; mejor dicho, ha sido blandengue, frente al auge de la criminalidad, la cual amenaza y trastorna la vida de todos con formatos tan obscuros y aventurados, que abarcan desde el sicariato, narcotráfico, la corrupción de “cuello blanco”, pedofilia, feminicidio y los asaltos por doquier.

Justificados mediante un Código Procesal Penal que ha facilitado la impunidad, hace falta la enseñanza doctrinal que dimana de los fallos de la Justicia.

La cadena perpetua se vislumbra como la pena máxima imponible contra criminales de esa calaña, sujetos incapaces de convivir socialmente con sus congéneres, razón por la cual deben ser definitivamente sacados de circulación respetándoles el derecho a la vida. Su aplicación hace indispensable la pronta edificación de una cárcel de máxima seguridad y el reclutamiento del personal calificado. Total, aquí se ha gastado el presupuesto público haciendo cosas menos importantes.

Sentar jurisprudencia es una norma de juicio que suple omisiones de la ley y que se funda en las prácticas seguidas en casos análogos.

Dejemos atrás la blandenguería judicial: Cadena perpetua.