Es arriesgado cuantificar exactamente los activos distraídos de distintas instituciones

El titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, afirmó que en estos momentos la lucha contra la corrupción necesita más acciones que discursos, especialmente de parte de los legisladores a quienes exhortó abocarse a aprobar la Ley de Extinción de Dominio sin más dilaciones.

Dijo que para el Ministerio Público sería “muy ventajoso” la aprobación de esa legislación para recuperar los activos distraídos del Estado por los involucrados en las denominadas operaciones Medusa, Pulpo, y Coral y que estimó provisionalmente en unos RD$15 mil millones, porque las herramientas que le da Ley 155-17 sobre Lavado de Activos con la que trabajan tiene sus limitantes.

“Hay que estar conscientes de que nosotros estamos trabajando con los recursos legales que existen actualmente, sobre todo con las herramientas que da la ley de Lavado de Activos, que son muy útiles pero que no son todas las que se necesitan para que la lucha contra la corrupción pueda ser efectiva”, indicó Camacho en entrevista para HOY.

Dijo que la Ley de Extinción de Dominio le permitiría al MP hacerle un proceso al bien solo, sin tener que esperar que se juzgue a una persona que haya incurrido en ese tipo de delito, haya huido del país y deba ser extraditado, como ocurre actualmente.

De los imputados en la Operación Medusa se encuentra prófugo el exjefe de gabinete de la Procuraduría Rafael Stefano Canó Sacco, y la Pepca ha solicitado la colaboración de la Interpol para arrestarlo. Se dice que el exfuncionario habría viajado a España.

“Nosotros podríamos estar persiguiendo los activos que esa persona le sustrajo al Estado y recuperarlos en lo que se hace el proceso para su extradición, pero las herramientas de la ley de lavado de activos no nos lo permiten; la ley de extinción sería una herramienta adicional que nos pondría en mejor condición de poder hacer procesos en contra de los bienes aunque las persona no estén presente”, enfatizó.

Activo robado crece. El procurador anticorrupción dijo que es arriesgado cuantificar exactamente los activos distraídos de distintas instituciones por los imputados en los entramados “porque es un número muy cambiante que se mueve conforme avanzan las investigaciones”.

Indicó, no obstante, que en el caso Medusa en el cual se sindica al exprocurador general Jean Alain Rodríguez como supuesto cabecilla del entramado, hasta el momento se han contabilizado RD$6 mil millones; en Operación Pulpo cuyo principal imputado es Alexis Medina Sánchez, el cálculo es de RD$5 mil millones; y en Coral, encabezado por el general Adán Cáceres Silvestre, RD$3 mil millones.

“Nosotros pretendemos que en la medida en que estos procesos lleguen a los tribunales se decomisen estos bienes en favor del Estado”, enfatizó el procurador anticorrupción al ser cuestionado en torno al apremiante clamor de la sociedad para que se recuperen esos recursos millonarios, y las limitantes legales que habría para eso.

Qué pasa con ley de Extinción de Dominio. Al igual que ocurrió con la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Bienes que duró siete años rodando en el Congreso antes de ser aprobada, la de Extinción de Dominio va por el mismo camino. El proyecto ha sido aprobado varias veces en el Senado, y torpedeado en la Cámara de Diputados.

Se trata de una ley complementaria ordenada por la Constitución del 2010 en su artículo 51 numeral 6, con la finalidad de establecer el “régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico”.

Los presos. Por el “caso Medusa” están además del exprocurador Rodríguez, sus colaboradores Rafael Antonio Mercedes Marte, Altagracia Guillén Calzado, Javier Alejandro Forteza Ibarra, y Miguel José Moya. Está prófugo Rafael Canó Sacco.

Por el caso “Pulpo” arrestados son además Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina; Fernando Aquilino Rosa, expresidente del Fonper; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo; el exdirector general de la Oisoe Francisco Pagán; Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fonper y también hermana de Danilo.

También Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Rafael Antonio Germosén Andújar y Domingo Antonio Santiago Muñoz .

Los imputados por el caso “Coral” son además de Cáceres Silvestre, exjefe de seguridad de Danilo Medina; el coronel Rafael Núñez De Aza, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán , Alejandro José Montero Cruz; y el mayor Raúl Girón Jiménez, quien guarda prisión domiciliaria tras colaborar con sus declaraciones con el Ministerio Público.