Para Laura Acosta, abogada de Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), su defendido «es un chivo expiatorio» en la denominada operación Camaleón, con la que el Ministerio Público intenta demostrar que el imputado es coautor de una presunta red contra el erario por más de 1,300 millones de pesos, por el contrato de esa institución estatal con empresas privadas del empresario «Jochi» Gómez, un acuerdo que era para modernizar el sistema semafórico de Santo Domingo.

Cuando a la togada le preguntaron si influyó en la decisión de la jueza la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra Beras el hecho de que el pasado miércoles los jueces que se consideraron víctimas de espionaje por parte de Jochi visitaran el tribunal durante el conocimiento de solicitud de medida de coerción, dijo que no lo puede asegurar, porque no tiene pruebas, pero se lo halló «raro y extraño» en sus más de 20 años de ejercicio del derecho.

Sin embargo, puntualizó que «es evidente que en este caso hay intereses sumamente grandes, que escapan a nosotros mismos y al propio Hugo Beras. De modo que existe esa posibilidad, pero yo no lo puedo asegurar». Consideró que la decisión de la magistrada contra su defendido es «un golpe duro; pero él no tiene por qué bajar la cabeza», por lo que apelarán la medida.

Otro de los tres que fueron enviados a prisión como medida preventiva fue a Jochi, propietario de la empresa Aurix S.A.S., y a Pedro Padovani, exencargado del Centro de Control de Tráfico. Además, la magistrada declaró el caso complejo.

Los otros sindicados son: Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología; a quien le impusieron prisión domiciliaria e impedimento de salida; Juan Francisco Álvarez, director Administrativo y Financiero del Intrant. Tambien se imputa a las empresas Transcore Latam, Aurix e Inprosol.