Ronny De la Rosa 
¿Cuál será el destino de sus 5 miembros de la Cámara de Cuentas en posible juicio político esta semana? HOY DIGITAL
Ventilar las interioridades de un organismo tan importante como la Cámara de Cuentas, entidad llamada a fiscalizar los fondos públicos de la nación, pudiera salirle muy caro a sus miembros, cuando esta semana se enfrenten a la posibilidad de un juicio político por supuestas irregularidades.
Un informe elaborado por la comisión especial de Cámara de Cuentas, de la Cámara de Diputados, está listo y aunque se preveía fuera presentado la semana pasada, será este martes a la 1:00 de la tarde cuando se conozca el destino de los cinco titulares.
De desarrollarse todo como lo planteado por dicha comisión, sería cuestión de días para que los miembros del pleno se enfrenten a un proceso que tendría al Senado sirviendo de juez y a los diputados haciendo las veces de fiscales, en lo que sería el segundo juicio político contra esta entidad en 15 años.
En 2008, un informe de 49 páginas pasó sin contratiempos en la CD, lo que motivó la renuncia del presidente del organismo para ese entonces, Andrés Terrero, así como del secretario José Gregorio y el miembro Julio de Beras, además de otros ocho, quedando sólo Alcides Benjamín Decena Lugo, quien se resistió a dimitir.
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Los miembros fueron acusados de mal desempeño en sus funciones y conflictos internos, lo que motivó las renuncias colectivas a pocas horas de iniciar el juicio y cuando todo parecía haber acabado para ellos.
En esa ocasión el informe fue votado favorablemente por 160 de 161 diputados, sobrepasando por mucho, las tres cuartas partes necesarias para motivar una acción como ésta y llegando hasta el Senado, donde solo Alcides Benjamín Decena Lugo enfrentó el proceso.
Sin embargo, a pesar de que hoy las acusaciones son incluso mucho más serias que en 2008, el éxito de un posible juicio contra el pleno de la CCRD actual, pareciera más utópico que realista, debido al contexto y las influencias partidarias.
Arma política de campaña
El proceso parece haberse politizado y desde ya, la oposición ha confirmado que no votará a favor del informe de unas 291 páginas, en el que se resaltan acusaciones particulares contra cada uno de los miembros del órgano fiscalizador.
Legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de la Fuerza del Pueblo (FP), han asegurado que el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), está tratando de sacarle beneficios políticos a la situación, por lo que no apoyaran la iniciativa.
Basan su discurso en que la comisión especial de la Cámara Baja no realizó una correcta investigación al respecto, por lo que presentarían votos disidentes este martes.
¿Entonces renunciarían como en 2008?
Una renuncia en una coyuntura que actualmente no representa peligro para los miembros de la CCRD, sería un suicidio anticipado, tomando en cuenta que para un juicio político los diputados necesitarían al menos 127 votos y el PRM (partido a favor de la remoción), sólo cuenta con 88 curules.
Ni siquiera con sus aliados conseguirían las tres cuartas partes necesarias para que tenga éxito.
Contrario al anterior, la división partidaria juega un rol preponderante en este proceso, porque solo si la oposición cambiara de posición, sería posible que las acusaciones lleguen hasta el Senado.
En ese sentido, el panorama visualiza pocas amenazas para los actuales miembros del organismo, pese a las diferencias internas que han sido ventiladas por ellos mismos, en diferentes medios de comunicación, denotando fricciones internas significativas.
¿Y entonces qué?
De ser aprobado y tener éxito un potencial juicio político, el Congreso tendría que disolver el organismo y convocar a consulta para la conformación de un nuevo pleno.
Pero, de mantenerse la posición de los partidos opositores, el presidente de la CCRD Janel Ramírez, la vicepresidenta Elsa María Catano Ramírez, la secretaria Tomasina Tolentino de Mckenzie, así como los miembros Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña Peña, estarían sobreviviendo a la crisis y culminarían sus periodos sin contratiempos.
Sin embargo, mientras el proceso avanza, decenas de auditorías quedan aún sobre la mesa, situación que preocupa a sectores que entienden, esto afecta el correcto funcionamiento y la transparencia institucional.
