En poco menos de un mes, dos de las instituciones del país que tienen sus responsabilidades basado en la independencia como órganos constitucionales, la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público, han registrado por separado situaciones con sus titulares que han despertado el interés nacional, y no precisamente por buen desempeño.

Hace varios días, el senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Dionis Sánchez, emplazó al presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella, para que informe sobre una supuesta reunión que sostuvo con miembros de la Cámara de Cuentas respecto a un supuesto acoso, señalando como el presunto protagonista a su titular, Janel Ramírez.

Sin embargo, aunque las denuncias de tres miembros de dicho órgano fiscalizador no han sido confirmadas ni por la propia entidad ni por el Congreso, algunos sectores apuntan a que se trata de una campaña para desacreditar al Gobierno e impidir que se realicen auditorías en instituciones públicas de pasadas gestiones.

Sobre el particular, varios congresistas manifestaron su posición: “Nosotros que fuimos que designamos la actual Cámara de Cuentas, tenemos que cuidar de no politizar este debate. En el sentido, de que nosotros destruimos sin fundamento la imagen de la Cámara de Cuentas, estaríamos afectando, la necesaria y reclamada por todo, la lucha contra la corrupción en la administración pública”, aseveró Ramón Rogelio Genao, vocero del bloque de los senadores del Partido Reformistas Social Cristiano (PRSC).

Más tarde, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, aseguró que sostuvo una reunión con miembros de la Cámara de Cuentas en la que «no se habló de acoso«.

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De su lado,  el vocero del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana, Yván Lorenzo, aseguró que el Gobierno hace esfuerzos para que no haya consecuencias a lo interno de la Cámara de Cuentas por supuesto acoso.

Pero hace varias semanas, también en a lo interno de la Procuraduría General de la República se ventiló a los medios de comunicación una supuesta diferencia entre la procuradora general, Miriam Germán Brito, y la directora de Persecución de dicha entidad, la fiscal Yeni Berenice Reynoso, entorno a la liberación de una carpeta fiscal para continuar con las investigaciones contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero.

Al respecto, el abogado penalista Cándido Simón aseguró que dicha situación es parte de un plan macabro para desacreditar al órgano persecutor de la República, tal y como lo había manifestado el diputado del PRM, Orlando Jorge Villegas, quien argumentó que dicha «diferencia» responde a los intentos de la oposición por dejar mal parado al Ministerio Público.

Más temprano, el congresista Yván Lorenzo señaló que la fiscal Yeni Berenice desacredita a personas que están siendo investigadas, compartiendo informaciones y expedientes a los medios de comunicación.