Hoy 
Cámara de Diputados. Foto de archivo
El Pleno aprobó la reconsideración y el informe será sometido a votación nuevamente
El resultado de la votación sobre el informe que presentó la comisión bicameral para estudiar el Código Penal quedó este miércoles 88 votos a favor y 47 en contra; 14 no votaron y otros 41 estuvieron ausentes de 149 registrados.
Sin embargo, el Pleno lo rechazo al requerir la votación calificada.
Uno de los puntos por los que los congresistas no llegaron a un consenso fue el del artículo 123 sobre la disciplina de los padre para los hijos y, además la orientación sexual.
«Si hubieran quitado esa frase y aceptar que los padres hubieran podido disciplinar a los hijos yo creo que con esas dos cosas se hubiera podido», explicó el diputado Jesús Ogando.
Ogando precisó que fueron más de 20 los puntos con los que no llegaron a un acuerdo respecto a la pieza legislativa.
Al respecto, el diputado José Horacio dijo que se requiere recontar los votos, “pero el reglamento en su artículo 115 sólo contempla reconteo cuando la votación fue a mano alzada”.
Se recuerda que anteriormente el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró a la opinión pública que la nueva versión del Código Penal Dominicano sería aprobada en esta legislatura luego de que en la primera legislatura ordinaria el tema perimiera también por falta de consenso.
El pasado 19 de agosto, un grupo de 12 diputados pertenecientes a seis partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, reintrodujeron el proyecto de Código Penal que se había consensuado en la Comisión de Justicia de esta cámara legislativa, puntualizando modificaciones y mejoras que buscan llenar las expectativas de la ciudadanía respecto al tema.
El proyecto busca, según indicaron las y los proponentes, dotar al país de una herramienta jurídica actualizada y que tome en cuenta las necesidades y deudas que tiene la sociedad dominicana hoy. Entre los elementos que contemplan, se encuentran mejores herramientas para combatir la corrupción, así como que los partidos políticos sean sujetos de responsabilidad penal, como lo serían las demás personas jurídicas.
