Una de las situaciones más difíciles que enfrentan dominicanos y dominicanas es ante una enfermedad o necesidad urgente de un medicamento escuchar la frase: “el seguro no le cubre o solo le cubre…”.

Esto pese a que, según datos oficiales, el 98% de la población está afiliada en el régimen contributivo o en el subsidiado y que en la Constitución el Estado dominicano se proclama como Social Democrático y de Derecho.

Tampoco importa que las leyes de Seguridad Social y general de Salud proclamen el derecho integral a la salud. La falta de cobertura y de cobertura adecuada es el pan de cada día.

Pero no todo está perdido. Encuestas y sondeos colocan el tema salud entre los principales problemas que la ciudadanía menciona y la necesidad de cambios en seguridad social ha calado, algo importantísimo porque en los últimos 15 años, no se ha logrado ningún cambio sin que un movimiento social lo haya demandado.

De ahí que sean esperanzadoras las movilizaciones, marchas, paneles e informes sobre los sistemas de Salud y Seguridad Social. En el primer tema destaca la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) que ha hecho esfuerzos muy serios e investigado el sistema de salud, superando en manejo de datos hasta a entidades oficiales. Mientras en Seguridad Social, la movilización lograda por la Coalición por una Seguridad Social Digna y el Colegio Médico Dominicano han ganado respaldo.

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Estas iniciativas ciudadanas son vitales porque tras promulgarse la Ley 87-01 ningún Gobierno ha priorizado este tema, limitándose, en momentos de crisis, a poner parches, eludiendo el mandato de cambios progresivos a los que manda la misma ley.

La actualidad no es tan diferente. En el Congreso hay una comisión bicameral que lleva tiempo discutiendo la reforma a la Ley 87-01 y a esto se sumó el año pasado una de las mesas del Consejo Económico y Social. Pero, los días pasan y se desconoce la propuesta de cambios puntuales y concretos que al sector gubernamental le interesa, algo que desde la comunicación interpreto como “miedo a jugársela” para evitar conflictos con los sectores económicos y profesionales que intervienen en el negocio en que, lamentablemente, se han constituido el acceso a salud.

Y a ningún Gobierno le luce tenerle miedo a enfrentar intereses porque al ser la representación legal y legítima del Estado, está llamado, por ley, a garantizar el interés colectivo y para eso se le faculta con un rol de árbitro que es imposible cumplir desde posiciones “neutrales”, “imparciales” o temerosas.

Por eso digo que el avance de este tema depende de la ciudadanía y de su capacidad de organización, articulación, creatividad e incidencia, tal cual pasó en las luchas por el 4% para Educación, defensa del medio ambiente y contra la corrupción e impunidad.

Ahora bien, hay oportunidades de mejoras en las demandas que, en base a experiencias pasadas, para tener éxito deben ser, no sólo populares, sino también puntuales y claras.

La demanda de eliminación de las ARS y las AFP y la devolución del 30% han calado pero el movimiento social debe preguntarse: ¿es lograble ahora o lo lograble es aumentar y mejorar las coberturas, garantizando derechos y disminuyendo ganancias?

Además, la agenda debe incluir elementos vitales del sistema salud, algunos de los cuales inciden en un gasto de bolsillo para los hogares que en momentos ha superado el 50%, tales como aumentar el presupuesto en Salud; eliminación del copago; funcionamiento de la Estrategia de Atención Primaria, mejorando el primer nivel; reservar al Estado la capacidad de veto en el Consejo Nacional de la Seguridad Social; ampliación de cobertura a enfermedades, análisis y medicamentos, entre otros.

En fin que es esta una lucha titánica y para ganarla el movimiento social debe llenarse de fuerza, resistencia, voluntad y racionalidad porque para la mayoría este es un tema de vida o muerte.