Caracas.- El camino para activar el referendo que revoque el mandato del presidente venezolano, Nicolás Maduro, se hace más corto pues en dos días se inicia la etapa de validación de firmas de quienes solicitan el mecanismo, un paso que se da pese a las amenazas de que el proceso sea anulado por un supuesto fraude.

Hoy culminó el lapso de cinco días que el Poder Electoral estableció para que las personas que así lo quisieran excluyeran sus firmas del paquete de más de 1,3 millones que fueron aprobadas por el organismo para pasar a la etapa de validación.

El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles dijo hoy que esa fase de “exclusión” que ideó el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras el análisis de las firmas fue un “fracaso estruendoso” y señaló que en el estado Miranda que gobierna y el segundo más poblado del país, solo hubo 84 exclusiones.

Hasta el día de ayer, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) había asegurado que solo unos 1.200 venezolanos habían retirado sus firmas en todo el país, y que está cifra correspondía al 0,089 % del total de las mismas. Se espera entonces que entre el lunes y el viernes próximos se cumpla con esa etapa de validación que, al culminar, abriría la puerta para subir al escalón de recolección de las “voluntades” del 20 % del registro electoral, que equivale al apoyo de unas cuatro millones de personas.

El representante de asuntos electorales de la MUD, Vicente Bello, dijo hoy que con la infraestructura que está habilitando el CNE para la validación no podrán ser sometidas a esta etapa las 1,3 millones de firmas, sino tal vez unas 600.000 que siguen siendo muchas más de las 200.000 requeridas en esta fase.

En una entrevista a la emisora privada Unión Radio, Bello dijo que el próximo 27, tras cumplirse la validación, la plataforma ya tendrá los datos exactos para pasar a la colección el 20 % y así activar formalmente el proceso revocatorio.

“Tienen que convocar los cuatro millones en el mes de julio para esa convocatoria”, señaló y recordó que este proceso se hará directamente con máquinas para colectar huellas dactilares por lo que “no debe haber excusas” para perder el tiempo contando firmas o nombres.

Este avance a la activación del revocatorio se hace días después de que el chavismo introdujera una demanda ante el Supremo por el supuesto fraude que asegura se está haciendo con los requisitos para el revocatorio tras la anulación de más de 600.000 firmas del paquete de 1,8 millones inicialmente entregadas.

El diputado oficialista Diosdado Cabello aseguró hoy desde un acto de calle con pobladores chavistas del oriental estado Sucre que en el paquete de firmas presentado por la oposición al CNE hay 20.000 rúbricas de militantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) cuyas identidades fueron “usurpadas».

“Yo he dado una instrucción al partido, hay más de 20.000 militantes del partido que le usurparon sus firmas, su cédula de identidad, vamos a reclamar y a poner las denuncias que haya que poner y además excluir nuestra firma”, dijo el considerado segundo hombre fuerte del Gobierno. Cabello señaló, además, que “no puede haber en ningún cargo de importancia funcionarios que firmaron contra Nicolás Maduro” pues eso no es “revolucionario».

El diputado hizo estas advertencias desde la ciudad de Cumaná que recientemente fue escenario de saqueos y protestas por la escasez de alimentos que dejaron una persona fallecida y cientos de detenidos. Los reclamos de Cabello se suman a la denuncia que hicieron hoy seguidores del chavismo ante la sede del Ministerio Público por la supuesta ilegalidad de las firmas para el revocatorio.

“Estamos introduciendo en el Ministerio Público un conjunto de demandas contra la Mesa de la Unidad Democrática que se ha dado a la tarea de falsificar firmas de nuestro pueblo”, dijo el diputado chavista Darío Vivas. La denuncia fue presentada en el marco de una movilización, en el oeste de Caracas, de los seguidores del chavismo que aseguran no firmaron para activar el revocatorio.

La manifestación estuvo encabezada por el diputado Vivas, el jefe de Gobierno de Distrito Capital, Daniel Aponte, y la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. Varela dijo que la demanda fue presentada porque la oposición se “atrevió” a utilizar datos de “más de 1.300 privados de libertad» que se encuentran en distintas cárceles del país.